Por. Norberto Patarroyo Periodista, Caricaturista y Director MURO DE PATA
La Red de Veedurías de Colombia informa que ha interpuesto denuncias formales en contra de distintos funcionarios públicos que actualmente se presentan como candidatos a alcaldías o gobernado aprovechándose de las ventajas de diverso orden que derivan de la función pública encontrando un caso realmente insólito o escabroso.
Uno de los más evidentes lo presenta el expersonero OMAR ESPARRAGOZA PONCE municipio Cantagallo, Bolívar, quien para aspirar a la acadia de este municipio, renunció sin terminar su periodo y violando la exigencia de ley respecto al deber de presentarla un año anterior a la elecciones de alcalde, hecho que es objeto de investigación por el Consejo Nacional Electoral. Como si fuera poco, tal aspiración se presenta con el aval del mismo partido del alcalde actual de ese mismo ente territorial, HENIO RICARDO SARMIENTO, con el agravante de que quien apalanca públicamente tal aspiración es la madre del citado alcalde actual..
“Lo que estamos viendo además de la evidente puerta giratoria es la acción criminal del mal manejo de las entidades responsables de vigilar, auditar, o controlar la función pública y en especial las alcaldías. Llama muchísimo la atención que el personero que de acuerdo a las funciones legales y constitucionales adheridas a su cargo y que por obligación legal debe cumplir deje a un lado dichas responsabilidades para presentarse como candidato a la alcaldía de quien debe auditar” dijo Pablo Bustos Presidente de la Red de Veedurías de Colombia.
Cabe indicar que además de la inhabilidad expresa por no haber renunciado a su cargo en los tiempos establecidos por la ley, existe la duda razonable frente a cualquier decisión que haya tomado el personero o el funcionario en cuestión que de cara a las denuncias que hubiese podido recibir en calidad de funcionario público en contra de la administración haya podido tramitar dado que hoy es el candidato del alcalde que se supone debía auditar.
Por lo anterior la Red de Veedurías de Colombia interpuso las denuncias pertinentes sobre los citados hechos, y omisiones al deber legal de control del citado personero frente a la conducta del burgomaestre referido por el presunto manejo irregular de los recursos del municipios, especialmente regalías, ordinarias, y del Ocad-Paz, contra estos entre otros servidores públicos y contratistas, por cerca de $60 mil millones ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y acompaña las formuladas ante el Consejo Nacional Electoral.
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