La exministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez acudió este martes a declarar ante la Corte Suprema de Justicia en calidad de testigo dentro del proceso que adelanta el magistrado Misael Rodríguez contra cinco congresistas y un exrepresentante, señalados por presunta corrupción relacionada con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Ramírez ingresó al Palacio de Justicia sin ofrecer declaraciones a la prensa. Su testimonio fue solicitado por la Sala de Instrucción, que indaga las actuaciones de los congresistas Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y del exrepresentante Juan Diego Muñoz, por su posible participación en un esquema de intercambio de favores políticos y contratos estatales.
La Corte investiga si los parlamentarios, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), entregaban conceptos favorables sobre operaciones de crédito gestionadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de que sus regiones recibieran contratos de la UNGRD.
“En concreto, a cambio de avalar los conceptos de operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos que se tramitarían en la UNGRD en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar)”, explicó la Corte Suprema en un documento oficial.
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El nombre de Gloria Inés Ramírez también fue mencionado en un informe de la Fiscalía, donde un investigador de campo aseguró que ella fue vista en un supuesto cónclave celebrado en el despacho de Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). Según ese informe, allí se habría discutido el desvío de recursos destinados a la atención de emergencias.
“Estuve en todas esas reuniones de reformas del Gobierno, pero solo en la parte técnica. Luego me retiraba porque tengo mucho que hacer”, respondió Ramírez cuando fue consultada sobre esos encuentros en su momento.
La Corte busca determinar si los exministros convocados a testificar, entre ellos Ramírez, pueden aportar información relevante sobre la relación de los parlamentarios con la aprobación de créditos y la ejecución de contratos públicos a través de la UNGRD.
La diligencia hace parte del proceso para establecer si se cometieron actos de corrupción que afectaron el manejo de recursos públicos destinados a la atención de desastres en diversas regiones del país.
(Colprensa)
