Tal parece que habría ‘fuego amigo’ en el interior de la Procuraduría General de la Nación, tras la decisión de la titular de la entidad, Margarita Cabello, de abrir investigación contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle; el gerente de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), Jorge Andrés Carrillo, y miembros de la junta directiva de la entidad.
La procuradora 31 Judicial II para Asuntos Administrativos, Olga Lucía Jaramillo Giraldo, ya había resuelto con anterioridad las dudas que existían en el proceso de nulidad electoral que se adelanta contra el gerente Carrillo, con un concepto jurídico en el que precisaba que el funcionario no habría incurrido en ninguna inhabilidad para ocupar el cargo.
«Así, la situación fáctica del aquí demandado señor no presenta ninguna inhabilidad para ser nombramiento como Gerente de EPM ESP y en consecuencia el Decreto 0281 de abril 13 del presente año no está permeado de nulidad bajo el cargo que le endilga el demandante», manifestó en su momento el Ministerio Público en su argumentación.
En su concepto jurídico, la vinculación de Carrillo como servidor público «se da a través de una relación legal y reglamentaria, parámetro no contemplado en la norma que se alega vulnerada por el demandante», expresó la Procuraduría.
De esta manera, se había dado respuesta a la demanda de nulidad interpuesta por el ciudadano Hernán Darío Cadavid Márquez, quien en su argumentación comentaba que Carrillo se encontraba inhabilitado para ocupar el cargo, según él, porque era miembro de la junta directiva de la propia Empresa de la cual fue designado; situación desestimada por el organismo público.
Sin embargo, se conoció este martes que la Procuraduría General decidió abrir una investigación derivada de una queja interpuesta por dicho ciudadano. Lo cual volvió a dar una fuerte discusión con ocasión al antecedente que existía, técnico y jurídico, en donde se indicaba que no existía tal inhabilidad. Y parece haber abierto la puerta a lo que sería un debate político y no legal.
Cabe destacar que Carrillo presentó carta de renuncia como miembro de la Junta Directiva de EPM, al alcalde Quintero, el 13 de abril, mismo día en el que el mandatario de los medellinenses también aceptó la declinación del cargo como gerente de Miguel Alejandro Calderón. Posteriormente se dio la llegada del funcionario, en un puesto de libre nombramiento y remoción.
Tanto el gerente Carrillo como el alcalde Quintero basaron la defensa de su elección en EPM en un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, del 5 de febrero de 2019, que se pronunció sobre el alcance de la prestación de servicios profesionales, y validó lo que fue la presencia del hoy funcionario en la junta de la entidad.
Es decir, lo que dejó en claro este análisis del alto tribunal es que «los consejos y juntas directivas de las entidades públicas se integran con empleados públicos y con particulares, y que estos últimos no adquieren la calidad de empleados públicos».
