En toda una polémica se ha convertido la iniciativa que busca incluir en el proyecto de ley de inversión social un impuesto a las bebidas azucaradas y endulzadas, como una alternativa para rescatar al sistema hospitalario del país.
La carta que Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, le envió a Didier Alberto Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, manifestándole su preocupación por la iniciativa, dio de qué hablar en la Cámara de Reprensentantes.
Para Mauricio Toro, representante del Partido Verde, los argumentos esbozados en la misiva, no pueden obedecer sólo a factores económicos, pues está de por medio la salud de los colombianos.
«Su argumento fundamental es que el impuesto va a quebrar a los tenderos, sin dar ningún fundamento. La idea del impuesto es estimular a los colombianos a consumir otro tipo de bebidas, que muy probablemente van a comprar en la misma tienda o mercado del barrio», indicó.
Para el congresista se está desviando la discusión tienen que ver con que el aumento del precio, pues si bien puede que baje las ventas de las bebidas azucaradas, los consumidores reemplazarán el producto por otro de menor precio. Por lo cual las ventas netas de las tiendas y mercados no se verán afectadas.
La OMS recomienda estos impuestos por ser una medida sencilla y efectiva para ayudar a reducir las enfermedades no transmisibles. Según Toro, no es un capricho ni un invento colombiano, ya que diferentes países lo han incorporado, debido a que estaría demostrado que el consumo de estas bebidas afecta la salud.
“Está demostrado científicamente que las bebidas azucaradas, como las gaseosas, son productos ultra procesados con muy bajo o nulo aporte nutricional, y su consumo habitual es causa de enfermedades no transmisibles como la obesidad y la diabetes», argumentó Toro.
Y es que según datos que expuso el representante, el 13% de mortalidad por diabetes y el 5% por enfermedades cardiovasculares, lo que significa un alto costo para el Estado en el sistema de salud para atenderlas.
«¿Es justo que el Estado pague la salud mientras unas empresas se enriquecen con las ventas de estas bebidas?», se cuestionó el legislador, quien es coautor de la denominada ‘Ley de Comida Chatarra’.
En contexto
En Colombia las cifras comprueban que el consumo de las bebidas azucaradas son un problema de salud pública. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida realizada por el Dane en el 2019, el 34% de los colombianos consume bebidas azucaradas todos los días.
Siendo los menores de edad el grupo que más consume dichos productos, con cifras de un 82.9% de niños y niñas entre 9 y 13 años, y del 82.9% para adolescentes entre 14 y 18 años.
Adicionalmente, en el país dentro de las 10 principales causas de muerte, cinco tienen relación con una mala alimentación, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud.
Y del 6,8% de las muertes en Colombia se relacionan con enfermedades cerebrovasculares, de las cuales son atribuible el 5% a las bebidas azucaradas.
