El pasado 17 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación anunció que Jesús Emiro Pereira Rivera, alias Huevoepizca, exparamilitar de las AUC condenado en 2019 en el caso de la periodista Jineth Bedoya, será excluido y perderá los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. La Fiscalía presentó este logro como un gran avance en la búsqueda de justicia del caso de Bedoya; sin embargo, este es tan solo un resultado lógico, producto de la condena de Pereira en la justicia ordinaria. La exclusión tampoco aporta a la investigación de la Fiscalía para encontrar a quienes determinaron el crimen, que es fundamental para efectuar las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) en 2021. Hasta ahora, la Fiscalía es la única entidad estatal que no se ha reunido con la periodista ni sus representantes para avanzar en el cumplimiento de la sentencia.
El 6 de mayo del 2019, Jesús Emiro Pereirafue condenado en primera instancia como autor material del secuestro, tortura y violencia sexual del que fue víctima Bedoya en el 2000. Luego de que la defensa apelara, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó, en segunda instancia, la pena de cuarenta años de cárcel. En las audiencias de Justicia y Paz, Pereira siempre negó cualquier responsabilidad en el crimen, y de esta forma, incumplió con su deber de esclarecer la verdad de los hechos que rodearon las agresiones contra Bedoya.
Por eso, el 13 de junio del 2021, la Fiscalía 21 de la Dirección de Justicia Transicional solicitó que se excluyera a Pereira de la Ley de Justicia y Paz. Finalmente, en septiembre de este año, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la exclusión definitiva.
Aunque Jineth Bedoya y sus representantes (CEJIL y la FLIP) celebran que se condene el incumplimiento de Pereira a los compromisos con la Justicia Transicional, este hecho deja en evidencia diferentes problemáticas de la Fiscalía. Por un lado, la solicitud para que Pereira fuera excluido se radicó dos años después de que la justicia ordinaria sancionara al exparamilitar. Durante ese tiempo, Pereira siguió gozando de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz e incluso solicitó la suspensión de la ejecución de la sentencia que lo condenaba como culpable de los crímenes contra Bedoya.
Por otro lado, este hecho no aporta de ninguna forma elementos para identificar a quienes ordenaron los crímenes contra la periodista, una tarea en la que la Fiscalía no ha avanzado. Según la Corte IDH, el Estado no “ha podido determinar la autoría intelectual de los hechos ni de otros coautores que pudieran haber participado en los mismos». Para Bedoya, “no se puede hablar de un avance cuando en 22 años no se ha hecho absolutamente nada para llegar a los autores intelectuales del crimen”. Por eso, hacemos un llamado a la Fiscalía para que se reúna con la periodista y concerte las medidas que se van a implementar para fortalecer las líneas de investigación contra los determinadores.
