La Fiscalía General de la Nación ha solicitado una audiencia de imputación contra siete exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín y seis particulares. Se investigan presuntas irregularidades en seis contratos que superan los 67.586 millones de pesos, suscritos en 2020 en áreas como alimentación, infraestructura y asistencia logística.
¿Cuáles son los contratos que se investigan?
El primer contrato bajo escrutinio es el de ‘Zonas Verdes’, firmado en octubre de 2020 entre la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín y Metroparques por 5.250 millones de pesos. La pesquisa revela irregularidades en la selección de empresas vinculadas familiarmente, lo que resulta en imputaciones por contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido.
Entre los señalados se encuentran la exsecretaria de Infraestructura, Natalia Urrego Arias, el exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano, y la contratista Luz Eliana Henao Rodríguez.
Otro caso bajo revisión es el contrato de mantenimiento del ‘Parque de las Aguas’. La Fiscalía identificó irregularidades en tres contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Metroparques, celebrados entre mayo de 2020 y noviembre de 2021, por un total de 17.439 millones de pesos.
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En ese caso, la imputación se dirige al representante del Área Metropolitana, Álvaro Alonso Villada García, los exgerentes de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda, así como los representantes legales de las empresas contratistas Juan Alexander Pino Jaramillo, Yamileth Galindez Chilito y Fabio Miguel Mestre Espitia.
El tercer contrato bajo investigación es el de ‘Apoyo logístico’, suscrito en septiembre de 2020 por Metroparques para eventos recreativos, deportivos y de actividad física en Medellín. Este contrato, inicialmente por 24.205 millones de pesos, sufrió aumentos injustificados y prórrogas hasta julio de 2022.
La Fiscalía imputará cargos a la exdirectora del Instituto de Deportes y Recreación, Diana Paola Toro Zuleta; al exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina; y al representante legal de la empresa CYAN, Mauricio Jaramillo Botero.
El último contrato bajo escrutinio es el de ‘Componente de atención’, celebrado en marzo de 2020 por la Secretaría de Educación de Medellín con la corporación ‘Colombia Avanza’ por 20.692 millones de pesos.
¿A quiénes se imputará?
Se ha identificado un posible detrimento por 1.400 millones de pesos debido a pagos a personas sin relación con el contrato. La Fiscalía imputará a la exsecretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo Ruiz; la exdirectora técnica del programa ‘Buen Comienzo’, Lina María Gil Zapata; y el contratista Henry Paulison Gómez Montoya por el delito de peculado por apropiación.
