Bogotá, 29 de abril de 2025 — La Fiscalía General de la Nación descartó concederle un principio de oportunidad a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, investigada por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión se tomó debido a que las declaraciones entregadas por Ortiz no fueron consideradas consistentes ni confiables por parte del ente acusador.
Según explicaron los fiscales del caso, María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval, las pruebas ofrecidas por la exfuncionaria no alcanzan el nivel probatorio requerido para justificar un trato privilegiado como el principio de oportunidad, que podría haberle otorgado inmunidad penal.
Ortiz enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias, y permanece recluida en una instalación militar desde hace cinco meses. Su audiencia de acusación está programada para el próximo 12 de junio, luego de haber sido aplazada en varias ocasiones.
Aunque inicialmente se contempló la posibilidad de llegar a un acuerdo bajo el marco del principio de oportunidad, la Fiscalía determinó que dicha opción ya no es viable. En cambio, la defensa podrá optar por un preacuerdo judicial, una figura que implicaría beneficios procesales, pero no eliminaría completamente una eventual condena.
De acuerdo con el expediente, Ortiz habría fungido como intermediaria en la entrega de sobornos por al menos 4.000 millones de pesos, que presuntamente fueron dirigidos a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, con el objetivo de garantizar apoyo legislativo al Gobierno Nacional. Este dinero, según la investigación, provendría de fondos públicos asignados para emergencias humanitarias en el departamento de La Guajira.
El testimonio de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, fue clave para vincular a Ortiz con la trama de corrupción. Pinilla ya fue condenado a ocho años de prisión tras acceder a un preacuerdo con la Fiscalía, entregando detalles sobre el destino de los recursos desviados y los implicados en el esquema ilícito.
Uno de los elementos que debilitó la credibilidad de Ortiz ante las autoridades fue la divulgación de información sensible a medios de comunicación antes de concretar una colaboración formal con la Fiscalía. Además, los fiscales afirmaron haber recibido amenazas tras comunicarle a la exfuncionaria que no accedería al beneficio jurídico.
“El principio de oportunidad se basa en la confianza y en la calidad de la prueba. En este caso, ni lo uno ni lo otro se encuentra presente”, afirmó la fiscal Patiño. Por su parte, el fiscal Sandoval aclaró que todavía se puede negociar un preacuerdo, incluso antes del juicio, pero dependerá de la disposición de Ortiz a cooperar de forma efectiva y transparente.
El caso sigue bajo vigilancia pública, dado el impacto político de las declaraciones de Ortiz, quien ha señalado a figuras cercanas al alto poder judicial y al Congreso de estar involucradas en el entramado de corrupción.
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