La audiencia de imputación de cargos en contra de los funcionarios de la Agencia Nacional de Minería y trabajadores de la empresa ULTRACEM ha sido reprogramada para el 30 de julio de 2024. La decisión fue tomada por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, después de más de un año de solicitudes de imputación por parte de la Fiscalía Delegada de Barranquilla y múltiples peticiones dilatorias.
Los funcionarios públicos Jairo Edmundo Cabrera Pantoja, Diana Andrade Velandia, Ana María González Borrero y Lucero Castañeda Hernández, junto con el representante legal de ULTRACEM, Julián Alberto Vázquez Arango, enfrentarán cargos por los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión. Se les acusa de emitir resoluciones y actos administrativos contrarios a la ley para favorecer a ULTRACEM en la adjudicación de un título minero destinado a la exploración y explotación de yacimientos de minerales en Barranquilla, Puerto Colombia y otros municipios del departamento del Atlántico.
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“El representante legal de ULTRACEM y varios de sus trabajadores, a través de maniobras ilegales, al parecer se apropiaron de manera irregular de títulos mineros que no les correspondían. Las investigaciones han revelado la participación de funcionarios de la Agencia Nacional de Minería, quienes habrían recibido favores o dádivas a cambio de la entrega irregular de títulos,” declaró Pedro Ospino Polo, abogado de las víctimas.
Ospino Polo añadió que la Fiscalía cuenta con suficiente material probatorio para demostrar las irregularidades en la adquisición de títulos mineros, lo que podría llevar a los acusados a enfrentar penas de prisión. A pesar de los intentos de evasión por parte de los acusados, los abogados de las víctimas se opondrán a cualquier medida dilatoria y esperan que la justicia actúe con prontitud.
Las evidencias muestran alteraciones en el sistema de concesión de títulos mineros, incluyendo la misteriosa aparición y desaparición de documentos, aparentemente para beneficiar a terceros. La intervención fue tan descarada que los investigadores tuvieron que realizar varias inspecciones para recaudar pruebas materiales. Los abogados de las víctimas han solicitado la intervención del Fiscal General de la Nación debido a presiones de una Fiscal Delegada de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Bogotá para realizar un comité técnico jurídico, como se mencionó en una audiencia pública el 21 de junio de 2024.
