Los negociadores del Gobierno colombiano en el proceso de paz, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, rechazaron el martes la propuesta del expresidente Álvaro Uribe de promover una amnistía para todos los exintegrantes de grupos armados.

«La posición del Gobierno Nacional en las negociaciones en La Habana con las FARC-EP, y en el proceso de paz en general, fue el rechazo tajante a una amnistía general y la priorización de los derechos de todas las víctimas en el marco del fin del conflicto. Queremos reiterar ese rechazo», dijeron en un comunicado publicado en medios de comunicación.

La razón, según ellos, fue que durante los diálogos de Cuba, que desembocaron finalmente en la firma de la paz en 2016, tuvieron que convencer a la guerrilla de que esta opción era inviable: «Colombia había suscrito el Estatuto de Roma y desde el 2002 estaba obligada a investigar y sancionar los crímenes de guerra y lesa humanidad, a riesgo de que interviniera directamente la Corte Penal Internacional», agregó el texto.

De La Calle y Jaramillo reiteraron que el centro del acuerdo de paz eran las víctimas, razón por la cual se creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como las otras instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

«Nunca antes una guerrilla había aceptado comparecer ante un tribunal y reconocer su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad, ni tampoco habían aparecido miembros de fuerzas militares, luego de un conflicto, dispuestos a contarles a los jueces la verdad de lo que pasó», agregaron.

En 2016, Colombia puso fin al conflicto armado más extenso del continente, cuando el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia firmaron la paz.

Sin embargo, el acuerdo inicial fue rechazado en las urnas mediante un plebiscito y aunque el equipo negociador de ambos bandos modificó posteriormente el texto, para el ahora oficialista Centro Democrático, del que Uribe es líder, sus críticas no fueron tenidas en cuenta.

Los exnegociadores le hicieron un llamado a Uribe, quien ha repetido en varias ocasiones que el acuerdo es «impunidad absoluta» a «elevar el ancla de la polarización, que tiene a Colombia atrapada en el pasado y a moverse de manera genuina hacia la reconciliación».

Igualmente, llamaron la atención a su opositor, el político de izquierda y exguerrillero del M-19, Gustavo Petro, quien apoyó en su momento la propuesta de amnistía: «En lugar de estar promoviendo la impunidad, deberían estar acudiendo a la Comisión de la Verdad o, si es el caso, a la JEP».

Uribe dijo que Colombia necesitaría «casi que un borrón y cuenta nueva», durante una reunión que tuvo con el presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote Francisco de Roux, en una de sus haciendas.

El encuentro se hizo allí, de manera extraoficial a esa entidad, porque el exmandatario aseguró no reconocer las instituciones nacidas del acuerdo de paz.