El portal Sinergia Informativa reportó en las últimas horas que la Veeduría Nacional de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Paz ha elevado una grave denuncia contra la administración de la Alcaldía de Medellín durante el gobierno de Federico Gutiérrez. Según el secretario general de la entidad, José Luis Jaramillo, aproximadamente 30 mil personas habrían sido despedidas o excluidas de sus cargos por motivos políticos, en lo que calificó como una «masacre laboral».

Denuncias desatendidas

Jaramillo señaló que la Veeduría solicitó información a la Personería Distrital de Medellín sobre las quejas de funcionarios despedidos injustificadamente. Según el informe, la Personería no dio respuesta a la denuncia, pese a la gravedad del caso, ya que presuntamente se habrían utilizado listas negras para excluir a personas vinculadas a administraciones anteriores.

El secretario afirmó que estas prácticas podrían constituir faltas disciplinarias graves y delitos penales, entre ellos abuso de autoridad, discriminación y prevaricato.

Presuntas violaciones legales y constitucionales

De acuerdo con el análisis de la Veeduría, estas acciones contravienen normas del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002), como la obligación de actuar con igualdad y legalidad. Además, el Código Penal tipifica estas acciones como delitos que atentan contra derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política de Colombia, incluyendo el derecho al trabajo, la igualdad y la participación política.

Jaramillo enfatizó que la persecución laboral basada en motivos políticos también vulnera tratados internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, que prohíben la discriminación ideológica.

La Veeduría Nacional de Derechos Humanos instó a los afectados a presentar acciones legales, como tutelas para proteger su derecho al trabajo y la igualdad, demandas disciplinarias ante la Procuraduría General de la Nación, y denuncias penales ante la Fiscalía.

Aseguran que esta situación, de confirmarse, representa una seria vulneración a los principios democráticos y al Estado Social de Derecho en Colombia, reforzando la necesidad de investigar y sancionar estas prácticas si se comprueban.