Bogotá D.C., Colombia, 28 de junio de 2024. En Colombia existen más de 24.000 empresas, entidades financieras y organizaciones obligadas a implementar sistemas y controles para prevenir lavado de activos y financiación del terrorismo, y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Una de las principales exigencias que tienen que cumplir es aplicar procedimientos de debida diligencia y conocimiento de clientes para evitar relacionarse con presuntos delincuentes o integrantes de redes criminales, y para ello es clave la consulta de procesos judiciales.
Sin embargo, la fuente de esta información –Rama Judicial y Consejo Superior de la Judicatura– impuso una restricción que está impactando negativamente el trabajo de miles de oficiales de cumplimiento del país, quienes son los responsables directos de implementar los controles antilavado.
Por medio de sus políticas de privacidad y términos de uso, la Rama Judicial determinó que “no se puede[n] ejecutar consultas automatizadas o la utilización de robots informáticos hacia dicho aplicativo” de revisión de procesos judiciales.
Esto ha llevado a que cientos de empresas obligadas a prevenir lavado de activos y que cuentan con miles de clientes o proveedores, tengan que ingresar al aplicativo y realizar manualmente y una por una las respectivas consultas, generando demoras en el procedimiento y una alta exposición a errores operativos.
En vista de esta situación Infolaft Academy, el principal centro de capacitación antilavado y anticorrupción de Colombia, decidió lanzar una petición pública en el portal change.org y que va dirigida hacia la Rama Judicial.
La campaña, cuyo propósito es pedir a la autoridad judicial que elimine la restricción de las consultas automatizadas, ha recibido más de 1000 firmas de profesionales antilavado de activos y empresarios de todo el país.
Según Sergio Reyes Díaz, director de Infolaft Academy, “la consulta automatizada de procesos judiciales no solo sería más eficiente en términos de recurso humano, sino que protegería a las empresas del riesgo de involucrarse con personas vinculadas en casos de lavado de activos o cualquiera de sus 65 delitos fuente”.
“Ya logramos nuestro primer objetivo de alcanzar 1000 apoyos. Lo que sigue es buscar un espacio de conversación con la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura para exponerle nuestros argumentos y darle a conocer la difícil situación que está generando la restricción. La Rama Judicial es promotora de la legalidad, está al servicio de los ciudadanos y esperamos tener avances muy pronto”, asegura el experto.
