Ciudad de Guatemala, 8 ago (EFE).- Las personas con discapacidad en Guatemala solicitaron este jueves que se agilice y apruebe un marco legal que garantice sus derechos en el país centroamericano, ya que se encuentra paralizado desde 2015.
Así lo hicieron saber en el foro denominado ‘Agenda Legislativa de las personas con discapacidad: avances y desafíos’, de la organización de la cooperación alemana Christian Blind Mission (CBM), realizado este jueves en Ciudad de Guatemala con la participación de varias entidades.
«Las leyes actuales para discapacidad que existen en Guatemala tienen un enfoque médico. Nos consideran personas enfermas que hay que curar y la iniciativa que nosotros proponemos nos reconoce como sujetos de derechos», explicó a EFE la activista feminista Silvia Quan, del Colectivo Vida Independiente.
La organización Christian Blind Mission, que lidera 17 iniciativas para personas con discapacidad en Guatemala, Nicaragua y Honduras, ha respaldado a 14 organizaciones en Guatemala para impulsar la aprobación del marco legal que otorgue validez a sus derechos.
«En Guatemala hay disposición del Organismo Legislativo y del Organismo Ejecutivo para discutir la discapacidad y ponerla en la mesa después de años de estar fuera de la agenda política», indicó Juliana Turqui, directora y representante de CBM.
De acuerdo con Turqui, el evento de Christian Blind Mission funcionó para que las organizaciones sociales abordaran la Iniciativa de Ley 5125, la cual trata sobre los derechos de las personas con discapacidad y las obligaciones del Estado. Sin embargo, la misma se encuentra estancada en el Congreso desde 2015.
De acuerdo con el último censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) son 1,4 millones de personas las que viven con algún tipo de discapacidad en Guatemala, lo que equivale al 10% de la población total.
Avances y retos
La diputada Brenda Mejía, de la bancada oficial Movimiento Semilla, aseguró que «el Estado tiene una deuda histórica con las personas con discapacidad» y añadió que actualmente existe un «esfuerzo por comenzar a pagarla».
Mejía explicó que este año diputados de todos los partidos políticos trabajan para lograr la aprobación de una ley de certificación de personas con discapacidad, la cual «les permitirá acceder a servicios y espacios».
En el evento también participó la primera dama guatemalteca, Lucrecia Peinado, quien recalcó que el Gobierno de Bernardo Arévalo de León «tiene el compromiso de sentar las bases de una institucionalidad que responda a la dignidad y derechos de las personas con discapacidad».
Peinado agregó que tiene como objetivo trabajar en beneficio de la salud mental y la discapacidad, por lo que ha ofrecido «continuar realizando mesas de trabajo para la búsqueda de la aprobación de la ley 5125».
En cuanto a los retos que tiene el país centroamericano, «como Estado no ha cumplido con el compromiso internacional de contar con un marco jurídico que armonice con los derechos de las personas con discapacidad, y esto es una deuda con casi dos millones de personas», indicó Rosa Idalia Aldana, experta independiente del comité de personas con discapacidad de Naciones Unidas.
Aldana resaltó que es urgente que exista «un verdadero interés político» de las entidades estatales para que la ley, que se encuentra estancada desde hace ocho años, sea aprobada con el fin de «garantizar los derechos de las personas con discapacidad».
Finalmente, Turqui aseguró que actualmente aún existe un largo trecho en la región para cumplir con la convención de derechos humanos para personas con discapacidad, pero que estos espacios promovidos por CBM acercan a las organizaciones sociales a las autoridades para exponer sus preocupaciones y propuestas. EFE
