El senador revela graves irregularidades en la gestión de recursos durante la pandemia, pidiendo acciones inmediatas a la Contraloría y Procuraduría.

En un apasionado discurso, el senador Antonio Correa ha denunciado un aparente desvío de 100 billones de pesos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) durante la pandemia de COVID-19. Sus acusaciones apuntan a un sistema de contratación que, según él, benefició a unos pocos en lugar de servir al bienestar de la población.

“Les voy a contar cómo se robaron la UNGRD en la época del COVID”, inició Correa, quien no escatimó en detalles sobre las supuestas irregularidades. Afirmó que el exdirector de la UNGRD utilizó su cargo para favorecer a amigos y conocidos en un «festín de contratación», que dejó de lado a cientos de familias que dependían de contratos estatales para su sustento.

El senador expuso ejemplos concretos de mala gestión, como la compra de batas blancas a una empresa de reparación de vehículos y la importación de estas desde China, lo que habría incrementado el contrabando y perjudicado a costureras locales.

Correa destacó también la contratación de la empresa «El Vaquero» por 37 mil millones de pesos para suministrar tapabocas N95, afirmando que el exdirector está bajo investigación por esta transacción. Además, mencionó el mantenimiento de ventiladores que nunca fueron adquiridos, con un gasto injustificado de 13 millones de pesos.

El senador cuestionó la gestión de los 40,1 billones de pesos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), señalando que algunos contratos fueron otorgados a empresas dedicadas a la venta de tabaco y bebidas alcohólicas.

Gracias a la nueva dirección de Carlos Carrillo, se ha obtenido información adicional que, según Correa, debería ser revelada completamente. “Como senador, esto merece una revisión excepcional de la Contraloría y la Procuraduría”, afirmó, aludiendo a una pérdida de 9,8 billones de pesos en el sector salud.

Las contundentes denuncias del senador Antonio Correa destacan una alarmante falta de transparencia y responsabilidad en la gestión de recursos públicos durante la pandemia. Su llamado a la investigación por parte de la Contraloría y la Procuraduría pone de relieve la necesidad urgente de garantizar la integridad en la administración de fondos destinados a la salud pública. A medida que se desarrollen estas investigaciones, la ciudadanía espera respuestas y justicia por los recursos que deberían haber beneficiado a la población en un momento crítico.