Medellín, Antioquia, 2 de julio de 2024. Desde el pasado 24 de junio, 7 mil personas y 19 comunidades del corregimiento de Puerto López, en el municipio de El Bagre, se encuentran en una grave crisis humanitaria a raíz del conflicto generado por diversos grupos armados que obligaron al cierre de las vías, del comercio y el confinamiento total de la población.

Según líderes de la zona, el 25 de junio hicieron presencia funcionarios de la Gobernación de Antioquia, en cabeza de Andrés Julián Rendón, con la entrega de alrededor de 300 mercados y oferta institucional. Ese mismo día, el gobernador anunció que la situación estaba controlada por la fuerza pública; sin embargo, tras la salida de los funcionarios, la comunidad continúo en confinamiento y hostigamiento por parte de los grupos armados.

Ante esta situación, los habitantes de Puerto López salieron a marchar el 28 de junio exigiendo medidas efectivas y garantías para la vida y la permanencia en su territorio. A hoy, 2 de junio, continúan en confinamiento e incertidumbre que empeora con el pasar de los días.

Igualmente, se suma una crisis de salud pública que está afectando principalmente a niños, niñas y adolescentes y que, ante la carencia de suministros médicos, no han tenido una atención oportuna y eficaz.

Situación similar de confinamiento se denunció dese el IPC el pasado 14 de febrero, luego de que las AGC declararan a los habitantes de Puerto López como objetivo miliar tras señalarlos como colaboradores de las disidencias de las Farc.

Desde el Instituto Popular de Capacitación – IPC, hacemos un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio del Interior, a la Defensoría del Pueblo y al sistema internacional de Naciones Unidas para que actúen de manera urgente ante la grave situación de vulneración de derechos humanos y crisis humanitaria que enfrenta nuevamente la población de Puerto López.

Así mismo, desde el IPC hacen un llamado a estos grupos armados para que asuman los compromisos que se vienen pactando en el marco de los diálogos de paz total.