La Red de Veedurías de Colombia radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría contra el Alcalde Alejandro Éder Garcés y su Secretaria de Hacienda, María Mercedes Prado Daza por presunto prevaricato, falsedad, usurpación de funciones, interés ilícito en la celebración de contratos y suplantación de autoridad.

Esto al parecer, por el millonario contrato de modernización tecnologica de Cali para el recaudo de impuestos y mejorar la gestión administrativa que podría terminar en millonaria demanda por el daño reputación al a la multinacional SAP y al contratista.

Según el abogado Pablo Bustos, «pretendieron suspender y terminar verbalmente el contrato, desconociendo los procedimientos y causales de ley, aportando información no veraz a la misma Procuraduría General de la Nación».

Bustos le pide a la Fiscalía, en cabeza de Francisco Barbosa, que desarrolle un plan metodológico de investigación, se recauden elementos materiales probatorios y se surta el respectivo proceso penal, por la posible comisión de conductas delictivas.
Vale la pena contar que con el contrato de modernización tecnológica buscaban contratar la consultoría, migrar y transformar el sistema administrativo y financiero territorial de Cali y las funciones para el manejo de los tributos distritales.

Según Bustos, esto exigía a los contratistas la suspensión inmediata de millonarios contratos públicos, al parecer, de manera arbitraria y sin causa legal valida. Esto con el fin, al parecer, de un «interés antiético del mandatario de los caleños de descalificar el contrato en curso para poner su propio contratista. El Alcalde de Cali, Alejandro Eder, miente».