En las últimas horas se conoció la denuncia realizada por el fundador de la Asociación Nacional de Vocales de Control de los Servicios Públicos Domiciliarios, Hermann Gustavo Garrido Prada. La razón radica en que la empresa AIR-E S.A.S estaría haciendo presuntamente, la retención ilegal del impuesto al Servicio del Alumbrado Público.
Presunta corrupción con el dinero dinero del alumbrado público
Garrido manifestó que la empresa en mención, “teniendo la responsabilidad de efectuar las transferencias de los recursos recaudados por el tributo de Alumbrado Público al prestador de dicho servicio autorizado por los municipios y/o Distritos, no las efectúa en el menor tiempo posible para poder cubrir los gastos y costos que requiere la operación del servicio mensualmente”.
La empresa AIR-E S.A.S ha venido recaudando este impuesto en la factura de la luz que le hace llegar a sus usuarios en todos los municipios de los departamentos de Atlántico, Guajira y Magdalena de manera puntual cada mes, quienes tributan alrededor de 250 mil millones de pesos anuales. Estos dineros, según el denunciante, están siendo retenidos de forma ilegal poniendo en riesgo el buen funcionamiento de la prestación del servicio de alumbrado público en pleno furor del Fenómeno del Niño, afectando los mantenimientos preventivos.
Lo planteado por Garrido en la queja argumenta que la empresa retiene por más de tres meses los recursos públicos que debería llegarle a los entes territoriales. Sin embargo, lo que la norma indica es que se debe “efectuar el giro como máximo dentro de los 45 días siguientes al recaudo”.
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Al retener ese dinero se pone en riesgo la prestación del servicio de alumbrado público y al desfinanciarlo, poniendo en riesgo la prestación del servicio. Según el denunciante, el empresario Alberto Ríos Velilla “se estaría embolsillando los impuestos del alumbrado público para financiar a AIR-E, dándole una destinación distinta al recaudo de este impuesto”.
Hermann Garrido, ingeniero de petróleos y especialista en ingeniería ambiental interpuso formalmente denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación por estos hechos, pidió la intervención de la Supertintendencia de Servicios Públicos y la Contraloría General de la República.
