La Defensoría del Pueblo rechazó enérgicamente la masacre ocurrida en la vereda Sagrada Familia, municipio de López de Micay, donde siete hombres y cinco mujeres fueron asesinados. Según los informes iniciales, las mujeres, trabajadoras sexuales, eran parte de la población civil y se encontraban en condiciones de vulnerabilidad, agravadas por los prejuicios de género en el contexto del conflicto armado.

El organismo defensor instó a los Gobiernos Nacional y territorial a acelerar la implementación de las recomendaciones emitidas en las alertas tempranas para la región, particularmente las alertas 033 de 2020 y 039 de 2023. Estas advertencias ya habían alertado sobre los graves riesgos humanitarios para los civiles debido a los enfrentamientos entre grupos armados que buscan el control territorial, incluyendo violencia contra las mujeres.

La Defensoría ha estado monitoreando la situación y participando en las instancias institucionales de respuesta. También ha anunciado que brindará atención inmediata y acompañamiento a las víctimas y sus familias. Para ello, se llevará a cabo una misión humanitaria en coordinación con las autoridades locales y regionales, con especial enfoque en la protección de las mujeres afectadas.

El organismo recordó a los grupos armados presentes en la subregión del Naya que deben cumplir con el Derecho Internacional Humanitario (DIH), respetando los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. También subrayó que los civiles, incluidos aquellos con vínculos afectivos o sexuales con combatientes, están protegidos por el DIH y no deben ser atacados.

Contexto

El aumento del conflicto armado en esta zona está poniendo en peligro la vida, la integridad y la dignidad de miles de personas atrapadas entre los enfrentamientos. La Defensoría advirtió que la expansión del control territorial por actores armados agrava la crisis humanitaria, exigiendo acciones urgentes para evitar más tragedias y proteger a las comunidades vulnerables.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso de seguir monitoreando la situación desde el terreno y colaborar en la búsqueda de soluciones que pongan fin a la violencia y promuevan el respeto por los derechos humanos en la región.Lea también:Vinculan dinero incautado al narcotráfico con compra de Pegasus