En una reciente circular, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) de Colombia, a través de su Dirección Ejecutiva, ha informado sobre la falta de un mínimo de tres expertos para abordar temas cruciales de regulación en energía, gas y combustibles líquidos.
Según la circular No. 086 de 2023, emitida el 8 de noviembre, la CREG reveló que actualmente no cuenta con el número necesario de expertos comisionados, lo que dificulta el proceso de estudio y respuesta a consultas y peticiones relacionadas con la regulación de servicios públicos domiciliarios.
¿Por qué es grave la falta de 3 expertos?
La situación se agrava con la falta de designación por parte del gobierno del Presidente Gustavo Petro de los seis expertos requeridos para conformar la Comisión. En este contexto, la circular establece un trámite transitorio para las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), indicando que solo se podrán responder cuando haya al menos tres expertos comisionados en ejercicio de sus funciones.
La función de emitir conceptos y respuestas a consultas sobre la regulación de servicios públicos recae en el Comité de Expertos, según la Resolución CREG 020 de 2018. Esta resolución establece claramente que se necesita la aprobación de tres expertos comisionados, incluyendo al Director Ejecutivo como uno de ellos. Sin embargo, ante la ausencia de al menos tres expertos en ejercicio, únicamente se requerirá el visto bueno de un Experto, excluyendo al Director Ejecutivo.
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La circular también informa sobre la separación del cargo del Director Ejecutivo de la CREG, José Fernando Prada Ríos. Con la falta de los expertos comisionados, en este momento no se cumplen los requisitos para emitir conceptos y responder peticiones de interés general y particular relacionadas con la regulación de los servicios públicos.
Ante esta situación, las respuestas a otras peticiones, quejas y reclamos de la entidad quedarán bajo la responsabilidad del asesor jurídico de la CREG, Hugo Enrique Pacheco León, quien asumirá estas funciones por delegación del director ejecutivo. La comunidad de usuarios, empresas y la academia se ven directamente afectados por esta situación, que demanda una pronta solución para garantizar la continuidad y eficiencia en la regulación de los servicios públicos domiciliarios en Colombia.
Por: Sara Pardo Del Río
