Medellín, Antioquia. Miércoles 11 de diciembre de 2024 – La Corte Suprema de Justicia llevó a cabo una inspección en las oficinas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público como parte de la investigación sobre el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este caso ha generado un fuerte impacto político, salpicando a altos funcionarios del Gobierno Nacional y a varios congresistas por presunta compra de votos a cambio de contratos.

Mientras la Corte Suprema de Justicia revisa posibles actos de corrupcion que involucran al congreso con la compra de votos, al parecer en las instalaciones del Ministerio de Hacienda el exministro Bonilla intentaba que aprobaran en el Congreso varias propuestas del Gobierno Nacional. 

La diligencia, ordenada por el magistrado Misael Rodríguez, presidente de la Sala de Instrucción, tuvo lugar el pasado 10 de diciembre y buscaba recopilar pruebas clave para esclarecer si se realizaron acuerdos entre congresistas y funcionarios del Ministerio durante la gestión del exministro Ricardo Bonilla. Como parte de esta acción judicial, se allanaron la oficina de enlace con el Congreso y la vivienda de Andrea Ramírez, exasesora de Bonilla.

Fuentes del alto tribunal confirmaron que se incautaron documentos y equipos electrónicos, incluido el computador de una de las principales asesoras. Según los investigadores, el objetivo es identificar conexiones con contratos que presuntamente se habrían entregado a congresistas a cambio de avalar conceptos sobre operaciones de crédito público.

El escándalo también incluye declaraciones de María Alejandra Benavides, otra exasesora de Bonilla, quien afirmó que el exministro conocía el esquema corrupto. Benavides proporcionó detalles sobre los congresistas beneficiados y los llamados «cupos indicativos» que facilitaban la entrega de contratos.

El Ministerio de Hacienda, por su parte, emitió un comunicado señalando que la diligencia fue atendida por los equipos correspondientes y que se entregó la documentación requerida.

Este caso, que involucra a congresistas como Liliana Bitar, Wadith Manzur, y Juan Pablo Gallo, entre otros, representa uno de los mayores escándalos de corrupción del actual Gobierno y sigue bajo investigación con más de 50 pruebas documentales y 10 testimoniales recopilados.