La Corte Constitucional de Colombia ha emitido dos fallos clave que reafirman su papel como protector de los derechos fundamentales en el país. La suspensión temporal de la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral destaca como uno de los más trascendentales. Este fallo se toma mientras la Corte evalúa una acción de tutela presentada por el mandatario, quien alega una posible vulneración de su derecho al debido proceso.
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En un segundo pronunciamiento, la Corte declaró inexequible el artículo 261 de la Ley 2294 de 2023, parte del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Dicho artículo permitía a las sociedades por acciones simplificadas (SAS) negociar sus valores en el mercado público de valores. La Corte consideró que esta disposición violaba el principio de unidad de materia, pues no guardaba relación directa con los objetivos del Plan.
