22 de junio de 2024 – La Corte Constitucional de Colombia ha alertado a la Fiscalía General sobre posibles actos de espionaje en contra de varios de sus magistrados. Los magistrados informaron a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, sobre estos hechos el pasado 19 de junio, durante una reunión en el Palacio de Justicia.
En dicha sesión, los magistrados expresaron su preocupación por posibles interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales. La Corte solicitó formalmente a la Fiscalía una investigación exhaustiva para determinar si desde hace meses se ha desplegado una operación de inteligencia contra sus miembros.
Denuncias de espionaje
Los magistrados han señalado que podrían estar siendo objeto de interceptaciones telefónicas y seguimiento de sus actividades. La denuncia incluye la posibilidad de que organismos de inteligencia del gobierno de Gustavo Petro estén involucrados en estas acciones, lo que podría suponer un grave atentado contra la independencia judicial.
Durante la reunión, que se extendió por aproximadamente 40 minutos, los magistrados expusieron sus sospechas de que sus teléfonos y otros medios de comunicación podrían estar intervenidos ilegalmente. Esta situación ha generado una ola de preocupación tanto en el ámbito judicial como en el político.
Debate en el Senado
Simultáneamente, en el Senado de la República se desarrolló un debate de control político liderado por el senador David Luna, del partido Cambio Radical. Luna interrogó al Director Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, sobre las posibles interceptaciones y seguimientos a figuras públicas. También fueron citados funcionarios de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF), la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Dian.
Carlos Ramón González negó rotundamente las acusaciones, asegurando que la Dirección Nacional de Inteligencia no tiene la autorización legal ni los medios técnicos para realizar interceptaciones ilegales. Declaró que tales acciones no son políticas del gobierno actual y desmintió la existencia de un supuesto grupo llamado ‘ORIÓN’, vinculado a escándalos de corrupción recientes.
Reacciones y medidas
El pasado 14 de junio, un magistrado envió un mensaje a través de WhatsApp denunciando la intervención ilegal de sus comunicaciones por parte de organismos de inteligencia del Estado. Esta denuncia, junto con las preocupaciones presentadas por la Corte Constitucional, ahora está en manos de la Fiscalía.
El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, confirmó que la Fiscal Camargo será la encargada de investigar y esclarecer estos hechos. Esta investigación podría representar un nuevo golpe a la transparencia del gobierno de Gustavo Petro y plantea serias dudas sobre la independencia de los poderes del Estado en Colombia.
La gravedad del asunto ha llevado a los magistrados a plantear directamente sus inquietudes a la Fiscal General, solicitando mayor protección para ellos y sus familias. La situación recuerda episodios similares del pasado, como el caso de las interceptaciones ilegales realizadas por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
En conclusión, la denuncia de espionaje contra los magistrados de la Corte Constitucional abre un nuevo capítulo en la lucha por la transparencia y la protección de la independencia judicial en Colombia. La Fiscalía tiene ahora la responsabilidad de investigar y esclarecer estos graves señalamientos, en un contexto que ha despertado alarma y preocupación en todo el país.
