Polémica causó el anuncio hecho por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien en medios radiales anunció este martes la intención del Gobierno Nacional de dar por terminado los famosos contratos tipo OPS: órdenes de prestación de servicios.
«Lo que tenemos claro es que esa forma de contratación laboral va en contravía de lo que es el salario decente, que está planteado por la OIT y Colombia es firmante de esos convenios y tratados internacionales. Vamos a armar una mesa de diálogo social donde vamos a avanzar, en transición, pero estos sí tienen que desaparecer», sostuvo Ramírez.
El anuncio causó reacciones diversas en las redes sociales, entre quienes apoyan la decisión y los que la rechazan.
En especial, por parte de algunos sectores económicos y empresarios quienes manifiestan su descontento con la determinación que, entre otras, era una promesa de campaña del entonces candidato y hoy presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.
«Esto es un retroceso en el ámbito laboral en vez de un avance, pues afecta el desarrollo, el dinamismo de la economía, frena la activación de inversión y hace que multinacionales y demás decida dar la espalda y desistan de crear fuentes de trabajo en nuestro país», manifestó Efrén Gallego presidente de las Empresas Asociadas de Colombia, Emasco.
En su explicación, Ramírez indicó que este tipo de vinculaciones son mayormente efectuadas en el sector público, con el objetivo de vincular personas naturales para funciones que no puede realizar el personal de planta o que necesiten conocimientos especializados. Una figura cuestionada, que según analistas económicos atenta contra los derechos de los trabajadores y da una ventaja viciada que avala condiciones de abuso y demás, lo cual ya ha advertido organizaciones mundiales que viene luchando para que este tipo de práctica se cambie y que mayormente son usados en países latinos.
Así mismo, la ministra Ramírez manifestó que los empleadores deben crear empleos que brinden unos mínimos niveles de estabilidad.
«Que un trabajador o una trabajadora sepa que se va hacia allá y que un empleador sepa que cuando va a generar un trabajo, tiene que generarlo con unos mínimos niveles de estabilidad, en vez de poner tres o cuatro, que coloque uno, pero bien. Avanzamos, Avanzamos, aumentamos empresas, las consolidamos, pero sin precarización laboral», dijo la ministra.
Por último, la iniciativa del presidente Petro de eliminar las nóminas paralelas en el sector público ha generado gran controversia administrativa. De acuerdo con Liliana Caballero, exdirectora de la Función Pública del gobierno de Juan Manuel Santos, es importante entrar en la discusión, pues este modelo de contratación se convierte en clientelismo y las empresas demoran el trámite para contratación directa o renovación.
