El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, destacó la urgente necesidad de implementar la Jurisdicción Agraria y Rural en Colombia. Este mecanismo es esencial para garantizar justicia especializada en las zonas rurales, donde persisten conflictos agrarios históricos.

El Acuerdo Final de Paz de 2016 subrayó la importancia de establecer una jurisdicción agraria para solucionar problemas de tenencia de tierras. Sin embargo, Rodríguez Becerra expresó su preocupación durante el “Foro Jurisdicción Agraria y Rural, Estructuración y Retos en el Contexto de la Reforma Rural Integral”, señalando que el país aún enfrenta desafíos significativos.

“Desde este Foro, instamos al Gobierno Nacional a avanzar en la resolución de conflictos agrarios que afectan a Colombia”, comentó el Contralor. Enfatizó que la falta de acción ha intensificado problemas relacionados con la propiedad y la recuperación de tierras. “Si no se toman medidas inmediatas, los sueños de acceso a la tierra seguirán siendo una promesa vacía”, advirtió.

El sector agrario ha sido históricamente objeto de procesos judiciales lentos e ineficaces. Por eso, la creación de una jurisdicción especializada se presenta como una solución necesaria. Rodríguez Becerra también mencionó la alarmante concentración de tierras, que genera tensiones sociales y limita el acceso de las comunidades a recursos productivos.

Además, el Contralor hizo un llamado a la Presidencia y a diversas entidades gubernamentales para que avancen en la actualización y operación del catastro multipropósito, crucial para mejorar la situación agraria.

Avances mínimos en la adquisición de tierras rurales

Rodríguez Becerra calificó como alarmante el desarrollo del punto 1.1.1. del Acuerdo de Paz, que se refiere a la adquisición de predios rurales. Según la Contraloría, a enero de 2024, apenas se adjudicó menos del 1% de las hectáreas a la población campesina. Este panorama se repite en las hectáreas compradas bajo un convenio con la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN).

Hasta esa fecha, el Fondo de Tierras había recibido 252,113.2 hectáreas, equivalente al 8.4% de la meta de 3 millones de hectáreas. Sin embargo, solo 5,260.8 hectáreas se habían adjudicado a campesinos, lo que representa un 0.175% del total esperado. En relación con el convenio firmado en octubre de 2022 para la compra de 3 millones de hectáreas, solo se adquirieron 805.3 hectáreas, es decir, un 0.026% de la meta.

“Si seguimos a este ritmo, se necesitarían más de 3,984 años para adjudicar las casi 3 millones de hectáreas”, indicó el Contralor. Además, la formalización de tierras avanza lentamente. Según la Agencia Nacional de Tierras (ANT), solo se formalizaron 123,319.07 hectáreas, un 1.7% de la meta total.

Desafíos de la Agencia Nacional de Tierras

La nueva Jurisdicción Agraria y Rural se establecerá para resolver conflictos de tenencia de tierras que actualmente maneja la ANT. El Contralor manifestó serias preocupaciones sobre la capacidad de esta entidad para enfrentar problemas complejos, especialmente por la falta de presupuesto y coordinación con la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).

La ANT enfrenta limitaciones de recursos financieros y humanos, lo que dificulta su respuesta a las demandas de restitución y formalización de tierras. Además, los procesos burocráticos ralentizan considerablemente la entrega de tierras a comunidades que las necesitan.

En una auditoría financiera a la ANT, Rodríguez Becerra reveló que 17 predios adquiridos no se ingresaron al Fondo de Tierras, a pesar de contar con registros de compra. Esto genera riesgos sobre la consistencia de la información de los activos del Fondo.

El Contralor también cuestionó el uso de recursos transferidos al Patrimonio Autónomo del Fondo Colombia en Paz. Según él, este mecanismo se utiliza para mostrar ejecución sin que exista un beneficio tangible para las comunidades.
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