La Contraloría General de la República lanzó un llamado urgente al Gobierno Nacional debido al riesgo inminente de un racionamiento energético en el país. La preocupación radica en la ausencia de nuevos proyectos de generación energética y las deudas acumuladas, que superan los $7 billones, afectando tanto a las empresas prestadoras de servicios como a los usuarios de estratos 1, 2 y 3.
El Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, convocará a los ministros de Minas y Energía, y de Hacienda, además de solicitar la presencia de la Procuraduría General de la Nación y gremios del sector energético, para buscar soluciones que eviten esta crisis.
Deudas que amenazan el sistema energético
Las principales alertas se centran en:
- Deudas por subsidios que alcanzan los $2,7 billones para energía eléctrica y $628 mil millones para gas natural.
- La opción tarifaria, con una deuda acumulada de $3,3 billones, sin mecanismos claros para su cobertura.
- Entidades públicas que adeudan grandes montos a las empresas prestadoras de energía y gas, poniendo en riesgo su sostenibilidad financiera.
Según la Contraloría, estas deudas afectan gravemente la liquidez de las empresas y podrían derivar en el desmonte de subsidios. Esto significaría un incremento en las tarifas, impactando especialmente a los hogares más vulnerables. Por ejemplo, una familia de estrato 1 que paga $30.000 por gas subsidiado podría ver su factura incrementada a $58.000 sin el subsidio.
Riesgo de racionamiento y afectación al desarrollo económico
El ente de control advirtió que los retrasos en los pagos podrían derivar en un fuerte racionamiento energético, afectando no solo a los usuarios residenciales, sino también a sectores productivos y al desarrollo económico del país. Además, resaltó que la inseguridad energética desincentiva la inversión de los sectores público y privado.
Acciones necesarias e inmediatas
La Contraloría solicitó al Gobierno Nacional priorizar el giro de los recursos necesarios para cubrir estas deudas y trabajar en medidas a mediano plazo para garantizar el abastecimiento energético. Entre las recomendaciones están:
- Garantizar el pago de los subsidios de energía y gas.
- Implementar mecanismos claros para cubrir la deuda de la opción tarifaria.
- Diseñar políticas públicas que incentiven nuevos proyectos de generación energética.
Convocatoria a mesas de trabajo
El Contralor General también anunció la convocatoria a mesas de trabajo con los ministros, la Procuraduría General y gremios del sector minero-energético. El objetivo es encontrar soluciones concretas que beneficien a la ciudadanía y protejan los recursos públicos, evitando mayores perjuicios en todos los sectores.
«Es indispensable que el Gobierno actúe de manera articulada para garantizar la prestación de los servicios públicos y prevenir un apagón que afectaría principalmente a los estratos más bajos del país», enfatizó Rodríguez Becerra.
Impacto en los programas de subsidios
La Contraloría destacó las graves deficiencias en los esquemas de subsidios, que comprometen la calidad, el acceso equitativo y la sostenibilidad financiera de los programas. Además, señaló la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a tarifas de electricidad y gas.
Esta crisis representa un desafío urgente para el Gobierno Nacional, que debe tomar medidas inmediatas para evitar un descalabro en el sistema energético del país y proteger a las familias más vulnerables.
