Gustavo Petro desafía la autoridad del CNE en su defensa ante el Consejo de Estado
El Consejo de Estado ha admitido la acción de tutela presentada por el presidente Gustavo Petro, quien alega que el Consejo Nacional Electoral (CNE) carece de competencias para investigarlo por supuestas violaciones a los topes de financiación de su campaña presidencial de 2022.
En un giro inesperado en la política colombiana, el Consejo de Estado ha decidido admitir la tutela interpuesta por el presidente Gustavo Petro, quien se encuentra en el centro de un debate sobre la legalidad de la investigación que adelanta el CNE por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña. El mandatario sostiene que esta investigación es improcedente, alegando que la única entidad competente para investigar al presidente es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Petro argumenta que la decisión de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que respalda la actuación del CNE, constituye un abuso de poder y una extralimitación de funciones. En su tutela, el presidente solicita la protección de su derecho al debido proceso, afirmando que la investigación pone en riesgo su dignidad y el ejercicio de su mandato.
En su pronunciamiento del 6 de agosto de 2024, el Consejo de Estado reafirmó la competencia del CNE para supervisar y sancionar irregularidades en el financiamiento de campañas. Este organismo tiene el mandato constitucional de controlar la actividad electoral, lo que incluye la potestad de investigar y, si es necesario, imponer sanciones administrativas a los candidatos.
El mandatario, sin embargo, insiste en que su fuero especial como presidente le otorga inmunidad frente a investigaciones administrativas del CNE, argumentando que estas deben ser manejadas por la Comisión de Investigación y Acusación. Este punto es crucial, ya que el CNE no puede destituir al presidente; esa capacidad reside exclusivamente en el Congreso de la República.
La situación se complica con la reciente recomendación de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, quienes sugieren que se formulen cargos contra Petro y su exgerente de campaña, Ricardo Roa. Esta recomendación ha sido catalogada por el presidente como una «arbitrariedad» y un ataque a la estabilidad institucional.
La admisión de la tutela por parte del Consejo de Estado marca un momento decisivo en la relación entre el ejecutivo y las entidades electorales en Colombia. La disputa no solo plantea preguntas sobre las competencias del CNE y la Comisión de Investigación y Acusación, sino que también refleja la creciente tensión política en el país. A medida que se desarrollan los acontecimientos, el resultado de este caso podría tener un impacto duradero en la normativa electoral y en la percepción pública del gobierno de Gustavo Petro. La atención del país está centrada en cómo se resolverá este conflicto, que pone en juego los principios fundamentales del debido proceso y la transparencia en la administración pública.
