El Consejo de Estado ordenó la apertura de un incidente de desacato contra el presidente, Gustavo Petro, tras considerar que no ha cumplido con la orden judicial de ofrecer disculpas públicas por haber calificado como “victimarios” a los ciudadanos que participaron en las marchas de oposición del 24 de noviembre de 2024.

La decisión fue tomada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la corporación, que le dio un plazo de dos días al mandatario para informar y acreditar ante el tribunal qué actuaciones ha realizado para acatar la sentencia proferida el pasado 6 de marzo.

El proceso fue iniciado por Josías Fiesco Agudelo, quien presentó una acción de tutela el 25 de noviembre de 2024 en nombre propio, alegando vulneración a sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al buen nombre, a la honra y a la protesta, tras las declaraciones de Petro dos días antes, replicadas también en su cuenta oficial en la red social X.

En su sentencia, el Consejo de Estado protegió el derecho a la protesta del demandante y de quienes participaron en la movilización ciudadana.

El alto tribunal concluyó que las afirmaciones del jefe de Estado estigmatizaron a los manifestantes y le ordenó rectificar públicamente en un plazo de cinco días.

Entre las frases objeto de reproche judicial figuran expresiones como “victimarios”, “los que quieren que esta injusticia siga padeciéndose en el país” o “los que quieren que las hijas de los campesinos terminen en los burdeles de la gran ciudad”.

Al considerar que la orden no se ha cumplido, Fiesco solicitó el 17 de marzo abrir el incidente de desacato. En su escrito aseguró que el presidente no ha ofrecido disculpas públicas ni ha corregido sus afirmaciones.

Además, pidió que se impongan sanciones que van desde el arresto hasta una multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La solicitud también incluyó que la medida aplique a cualquier otra persona que haya omitido el cumplimiento de la sentencia judicial, dentro del expediente.

El despacho también requirió al mandatario y al Departamento Administrativo de la Presidencia para que informen, en máximo dos días, sobre las gestiones adelantadas para cumplir la orden judicial.

Foto y noticia: Colprensa