En el Consejo de Estado cursa una demanda por pérdida de investidura contra la congresista electa del partido Cambio Radial, Lina María Garrido Martín, debido a que según la denuncia no cumpliría con uno de los requisitos fundamentales para oficiar como parlamentaria: el haber nacido en el país.

De acuerdo con el recurso interpuesto por el ciudadano Édgar Marín Rueda, se ha podido reunir el suficiente material probatorio para demostrar que Garrido Martín tiene partida de nacimiento tanto en suelo colombiano como venezolano, por lo que al tener doble nacionalidad violaría el régimen de inhabilidades.

«Podemos encontrar que la señora Lina María Garrido Martín cuenta con partida de nacimiento venezolana que expresa que nació en el municipio de El Amparo, Distrito Páez, Estado de Apure, la cual fue registrada ante la Jefatura Civil del municipio en mención con acta No. 255», se leyó en la acusación.

«Asimismo, se encuentra que a través del serial 0010819866 de la Notaría Primera de Arauca se registró el nacimiento de la señora Garrido Martín en Arauca (Arauca) de Colombia, evidenciando así que la ciudadana se encuentra inhabilitada para ejercer el cargo de congresista debido a su doble nacionalidad», se agregó.

En consecuencia, para el denunciante habría una inscripción irregular en el registro de nacimiento, pues de manera simultánea se registra su lugar de nacimiento en dos lugares distintos; por lo que no podría ocupar su cargo como representante a la Cámara por Arauca. Lo anterior, según lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 179 de la Constitución Política.

A su vez, de demostrarse su culpabilidad, estaría involucrada en el delito de falsedad de documento público, según el artículo 2889 del Código Penal. Una grave situación que podría llevarla a la cárcel, según los parámetros de justicia en el territorio nacional.

Aunque este doble registro habría sido adelantado por sus padres, la mujer -quien obtuvo 10.134 votos en los comicios del pasado 13 de marzo- no podría posesionarse el próximo 7 de agosto, en un proceso que sigue su curso ante los organismos electorales y de justicia.