La Fiscalía General de la Nación obtuvo condenas en contra de tres exintegrantes de la Policía Nacional por su participación en el secuestro, tortura y posterior asesinato de un hombre, ocurridos el 8 de enero de 2011, entre Manizales y Palestina (Caldas). La teniente coronel en retiro Martha Emilia Gañán Rojas, el mayor en retiro Dillam Augusto Carrillo Cáceres, y el exsubintendente Jorge Iván Ladino Montoya, todos excomandantes del Gaula en Caldas y Risaralda, han sido condenados a 50 y 49 años de prisión, respectivamente.

El juez penal especializado de Manizales, ante la contundencia de las pruebas presentadas en juicio oral, declaró a los exoficiales responsables de los delitos de secuestro extorsivo agravado y homicidio agravado. Además de las penas de prisión, se les impusieron multas, que oscilan entre los 18.000 y 19.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Asimismo, se decretó inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas, y se especificó que deberán cumplir sus condenas en establecimiento carcelario.

Esto fue lo que pasó

Los hechos que llevaron a esta sentencia condenatoria ocurrieron cuando el entonces capitán Cáceres Carrillo, junto con una uniformada, se trasladó en un vehículo oficial desde Pereira (Risaralda) hasta un restaurante en Manizales (Caldas), fuera de su jurisdicción. Sin orden judicial, retuvieron a un hombre que estaba con amigos, golpeándolo, inmovilizándolo con un dispositivo eléctrico y trasladándolo en diferentes vehículos. La víctima fue finalmente encontrada muerta en el baúl de un automotor incendiado en la vereda Las Palomas, con signos evidentes de tortura y mutilación.

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Durante la investigación, se descubrió que la mayor Gañán Rojas, en su capacidad de comandante del Gaula Caldas, acudió al lugar de los hechos en un vehículo asignado a su unidad, con placas apenas diferentes a las utilizadas por los uniformados que secuestraron a la víctima. Posteriormente, ordenó cambiar las placas del automotor.

Además, se evidenció que no ejerció sus competencias legales y constitucionales para esclarecer los hechos, sino que obstaculizó las investigaciones y sostuvo reuniones con el capitán Carrillo Cáceres antes y después del crimen.

Familiares de la víctima denunciaron en su momento haber recibido llamadas exigiendo 80 millones de pesos por la liberación del secuestrado. El fallo, de primera instancia, abre la puerta a los recursos de ley por parte de los condenados.