En Colombia, 37 millones de compatriotas dependemos del gas que producimos. A pesar de que el país no se destaca como un gran productor de hidrocarburos, esta industria representa una fuente vital para nuestro Producto Interno Bruto (PIB) con Ecopetrol, contribuyendo en un 9%.
Durante el último jueves y viernes, se llevó a cabo el Congreso Nacional «Colombia Genera», organizado por la ANDI. Este evento sirvió como plataforma de diálogo sobre los desafíos del sector minero energético, destacando la relevancia creciente del gas natural como pilar esencial para la transición energética y para el bienestar de la población.
La agenda pública actual refleja una profunda inquietud debido a la falta de una hoja de ruta clara para una Transición Energética justa por parte del Gobierno del cambio. Los avances logrados en administraciones previas parecen haber sido relegados a un segundo plano, prevaleciendo la improvisación y el debilitamiento del sector a través de decretos como el 044/24, la propuesta de creación de la Empresa Estatal Ecominerales, el borrador de la Ley Minera y de Servicios Públicos, la suspensión de nuevos contratos de exploración y el incremento del 1% al 6% en las transferencias para proyectos de energías renovables no convencionales. Estas medidas han generado efectos adversos y una percepción de inseguridad jurídica, llevando a la suspensión de proyectos como el parque eólico Windpeshi de ENEL en La Guajira, y a que empresas clave como Celsia consideren trasladar sus inversiones a Perú.
Lo que resulta evidente es la decisión del Presidente Petro de comprar gas al dictador Maduro, orientando la política energética hacia la reducción de la producción nacional de gas para favorecer las importaciones desde Venezuela. Esta estrategia no parece responder a un interés estratégico para nuestro país, ya que podría quintuplicar los costos del consumo de gas para más de 24 millones de usuarios, especialmente en los estratos 1, 2 y 3.
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Recientemente, Ecopetrol ha informado sobre un déficit del 16% en el suministro de gas, un recurso vital para la economía del país y para 11 millones de hogares. La prioridad gubernamental debería ser asegurar el abastecimiento; sin embargo, observamos una tendencia hacia la dependencia energética del régimen chavista, lo cual es preocupante, especialmente ante la posibilidad de incumplimientos por parte de Maduro, como se ha visto en el Pacto de Barbados con Estados Unidos al no permitir elecciones libres y democráticas.
Ante esta incertidumbre, es fundamental insistir en la necesidad de incrementar la producción de gas en Colombia, promover proyectos offshore y urgir a la UPME y al Ministro de Minas y Energía a presentar un plan de abastecimiento de manera inmediata. Permitir la disminución de la oferta de gas en el país tendría consecuencias severas para los ciudadanos, quienes podrían verse obligados a recurrir al carbón o a la quema de leña para subsistir.
Presidente Petro, el gas de Maduro no beneficia a Colombia. Es imperativo firmar más contratos de exploración, garantizar la seguridad energética del país y una Transición Energética responsable.
Por: Juan Espinal
