En 1985 Colombia fue escenario de uno de sus episodios más trágicos, cuando el 6 de noviembre, el grupo guerrillero M-19 asaltó el Palacio de Justicia, dejando un saldo de 94 personas fallecidas.

Algunos de nosotros, que éramos niños en esa época, apenas podíamos entender la magnitud de lo sucedido. Sin embargo, este acto de terror fue meticulosamente analizado y recordado en las aulas por nuestros profesores, marcando un contraste con la juventud de hoy, que parece estar menos informada sobre este grave ataque a nuestra justicia y democracia.

Este desconocimiento se ve agravado por una tendencia preocupante entre algunos educadores, que se inclinan hacia la política de extrema izquierda, difundiendo una narrativa que puede ser tanto peligrosa como manipuladora.

Recientemente, vivimos un episodio que, por fortuna, no cobró vidas pero que resonó con aquella época de tensiones. La semana pasada, el presidente Gustavo Petro, quien participó en la toma del Palacio de Justicia en 1985 y ahora lidera a todos los colombianos, convocó a sus seguidores progresistas a manifestarse en las calles.

Su objetivo era demostrar su apoyo popular y ejercer presión sobre la Corte Suprema de Justicia para acelerar la elección del Fiscal General de la Nación. Este acto recordó otros intentos fallidos de demostrar fuerza, como el incidente del balcón del año pasado, que evocó las imágenes de dictaduras como las de Venezuela y Cuba, con discursos inflamatorios y despectivos hacia la justicia, los medios de comunicación y el Congreso, minando la independencia y autonomía de los poderes del Estado.

El jueves 8 de febrero fue un día sombrío para Colombia. El intento de asalto al Palacio de Justicia y el consiguiente “secuestro” de magistrados y funcionarios constituyeron un ataque directo a nuestra justicia y democracia. Escuchar al presidente de la Alta Corte hablar de que la “democracia queda en vilo” fue un momento de profunda preocupación para todos.

El presidente Petro intentó medir el apoyo de la población a su gobierno, pero el resultado fue un evidente rechazo. Este episodio podría interpretarse como un “fracaso en su intento de establecer una dictadura”.

La firme respuesta de nuestras instituciones, el sector público y privado, los medios de comunicación, los sectores políticos y la comunidad internacional reafirmó la protección del orden constitucional y democrático.

A 18 meses de gobierno, rodeado de escándalos e investigaciones, como la inminente sentencia contra el hijo del presidente Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y alegaciones de financiamiento electoral no declarado, el gobierno parece optar por estrategias de distracción. Declaraciones sobre rupturas institucionales o complots para derrocar al presidente buscan desviar la atención de estos asuntos críticos.

Colombia es un país de resiliencia, habiendo superado desafíos inmensos como la violencia guerrillera, el narcotráfico, la pandemia y el estallido social. La reciente confrontación con un gobierno de extrema izquierda pone a prueba nuestra institucionalidad una vez más. A pesar de estos retos, podemos afirmar que cualquier intento de dictadura en Colombia ha fracasado. Restan 30 meses en el mandato actual, y nuestro deber es persistir, resistir y no desistir, manteniendo viva nuestra democracia y protegiendo a nuestras instituciones.

Por: Juan Espinal, Vicepresidente II de la Cámara de Representantes 2023-2024.