Luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal especializado de Yopal (Casanare) condenó a Wilson Arévalo Hernández, alias Chaco, a 17 años y 3 meses de prisión y al pago de una multa equivalente a 4.900 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El fallo reafirmó que alias Chaco es responsable de los delitos de rebelión, y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada; además, precisó que deberá cumplir la pena en establecimiento carcelario.
Durante el juicio oral, un fiscal de la Dirección Especializada contras las Organizaciones Criminales demostró que el sentenciado perteneció al Frente Domingo Laín Sáenz de ELN, frecuentó los campamentos en zona de frontera con Venezuela, llevó víveres y otros elementos, ocultó dineros ilícitos y obtuvo nuevos recursos para sostener las distintas estructuras ilegales en Arauca y Casanare. Las evidencias dan cuenta de que alias Chaco constituyó la empresa de lácteos Villa Esperanza, la cual sirvió para transformar dineros producto del cobro de extorsiones y secuestros en el oriente del país, y usar las ganancias de la venta de quesos y distintos productos para cubrir económicamente varios actos terroristas, como el atentado a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, que dejó 22 cadetes muertos y varios heridos, el 17 de enero de 2019.
Asimismo, quedó en evidencia que este hombre transportó en los vehículos de su industria láctea a cabecillas del ELN, armas, explosivos, equipos de comunicación y material de intendencia. Análisis contables y otras actividades investigativas indicaron que la empresa Villa Esperanza fue creada con un capital de apenas 3’500.000 pesos y con un único empleado, Wilson Arévalo Hernández. De igual manera, permitieron conocer que, entre 2012 y 2017, recibió 337 consignaciones por 4.530 millones de pesos y dejó de declarar ante el Estado una cifra superior a 5.000 millones de pesos que corresponderían a ingresos por actuaciones ilícitas.
