Francisco Acosta, el hombre responsable del brutal asesinato de Yurley Cervantes en un bus del SITP en Bogotá, tenía un largo historial de violencia no resuelto por las autoridades. La captura del agresor pone de relieve fallos críticos en el sistema de justicia y protección para víctimas.

El 12 de septiembre de 2024, el asesinato de Yurley Patricia Cervantes, de 27 años, en un bus del SITP en Bogotá, sacudió a la comunidad y reveló un preocupante historial de violencia por parte del agresor, Francisco Acosta. Cervantes, quien había escapado de su expareja violenta, fue asesinada de manera brutal frente a los pasajeros del transporte público, mientras su tía resultó gravemente herida en el ataque.

Francisco Acosta, de 29 años, había sido previamente acusado de homicidio, violencia intrafamiliar y otros delitos, pero su historial criminal no fue suficiente para prevenir el trágico suceso. A pesar de una orden de alejamiento solicitada por Cervantes y la intervención de la Comisaría de Familia, Acosta logró localizar a la víctima en Bogotá, donde cometió el feminicidio.

La captura de Acosta el 13 de septiembre fue anunciada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien prometió que se haría justicia por el crimen. Sin embargo, la situación pone de relieve serias deficiencias en la forma en que las autoridades manejan los casos de violencia de género. A pesar de que Cervantes había tomado medidas preventivas, incluyendo denuncias y reubicación, el sistema falló en protegerla.

El caso ha provocado una reflexión crítica sobre la efectividad de las órdenes de protección y el seguimiento de las denuncias de violencia doméstica. La falta de acción oportuna y el insuficiente seguimiento a los casos de violencia han contribuido a la tragedia que ha conmovido a Bogotá.

La brutalidad del asesinato de Yurley Cervantes resalta la necesidad urgente de mejorar el sistema de protección para víctimas de violencia de género. Es fundamental que se refuercen los mecanismos de seguimiento y se garantice que las órdenes de protección sean efectivas. Además, se requiere una revisión profunda del manejo de los casos de violencia intrafamiliar para prevenir que tragedias como esta se repitan. La comunidad y las autoridades deben trabajar en conjunto para fortalecer la justicia y ofrecer una protección efectiva a las víctimas de violencia.