Bogotá, D.C., 22 de agosto de 2024 El Ministerio de Relaciones Exteriores radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley para aprobar la Convención Internacional Contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1989.
La importancia de este instrumento radica en que le permite a Colombia: enfrentar las organizaciones que instrumentalizan a los militares colombianos retirados, a veces con engaños; combatir las prácticas que atentan contra el orden público y constitucional y promueven delitos de lesa humanidad como genocidio o crímenes de guerra, y facilita una mayor compresión del fenómeno de las empresas militares de seguridad privada.
De acuerdo con el canciller Luis Gilberto Murillo, “necesitamos herramientas para enfrentar las organizaciones que se dedican o instrumentalizan personas que están bien formadas y entrenadas en temas militares o de seguridad, a quienes los reclutan y se los llevan a participar en guerras que no tienen nada que ver con ellos ni con Colombia, los usan como carne de cañón, y después se nos crea un problema casi que diplomático: las familias quieren que traigan a esas personas”.
Dijo el Canciller que a Colombia “muchas veces llegan redes extranjeras a reclutar a estas personas, a veces con engaños, y las llevan a países y a guerras que nada tienen que ver con nosotros. Eso nos lleva a situaciones diplomáticas complejas porque a veces estas personas quedan atrapadas, otros quieren salir y no pueden”.
La Convención Internacional Contra el Reclutamiento
Con la aprobación de esta Convención, Colombia busca tener instrumentos para combatir ese tipo de delitos. Dicho instrumento internacional pretende que Colombia como Estado Parte la Convención, “no reclute, utilice, financie, ni entrene mercenarios, y se prohíba cualquier tipo de actividad relacionada”.
Además, la aprobación de la Convención “exige que la legislación interna de los Estados Parte considere los aspectos legales de la figura del mercenario, lo que permitiría su criminalización, procesamiento y extradición en caso de ser necesario”.
El proyecto de ley propone crear delitos específicos para actos cometidos por mercenarios para combatir esas actividades y adoptar medidas públicas necesarias.
Según la propia Convención, se considera mercenario a “las personas que reclutan, utilizan, financian o entrenan a mercenarios…con el fin de que participen en un acto concertado de violencia destinado a derrocar a un Gobierno o a socavar de otro modo el orden constitucional de un Estado, o a socavar la integridad territorial de un Estado”.
El proyecto de ley será estudiado por la Comisión II del Senado de la República, que se encarga de los temas de relaciones internacionales y de seguridad y defensa nacional.
