Antonio Martínez, un campesino oriundo del Caquetá, hace unos meses, con otras víctimas del conflicto armado, duerme en albergues improvisados a las afueras del edificio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según ellos, existe ausencia de la justicia y reclaman el despojo de la tierra de más de 1.500 víctimas.
«Estamos solicitando a la JEP, porque somos acreditados antes esta jurisdicción, estamos reclamando porque somos víctimas de conflicto, esta jurisdicción la hicieron solo para las víctimas no para los victimarios», manifestó Martínez.
Este pequeño grupo de campesinos son actores de la guerra en Colombia, hace 16 meses están en la calle y fueron despojados de la embajada de Noruega por defensoría del pueblo. Según ellos, hace 25 días no cuentan con alojamiento, subsistencia familiar y soluciones de parte del Gobierno Nacional.
«Le estoy reclamando al Gobierno Nacional, mis derechos, lo que he perdido en la guerra, yo perdí mi casa, me quemaron mi hogar, somos desplazados del municipio de Villahermosa (Tolima) en 2005», dijo Carlos Alberto Chávez, otro campesino presente el lugar.
«Yo ya tengo un derecho de restitución de tierra, el juez de Ibagué de restitución de tierras, ya dio el fallo a favor mío, del mes de julio», dijo Chávez, víctima del conflicto armado.
Según los campesinos, los indemnizados son los victimarios. Como el exguerrillero Fernando Arallán, quien participó en el atentado en el Club El Nogal, que dejó 36 muertos y 200 heridos en 2003, y goza de algunos privilegios. En varias oportunidades ha salido del país, disfrutando de beneficios otorgados por la ley.
