La Alcaldía de Medellín, encabezada por Federico Gutiérrez, ha tomado una decisión que, aunque podría tener un impacto positivo en términos de protección ambiental, ha suscitado críticas por su alto costo y presunto despilfarro de recursos públicos. Se trata de la contratación de un «servicio integral de transporte especial de pasajeros» en 241 camionetas 4×4 de lujo, de las cuales 19 son eléctricas por más de 21 mil millones de pesos.
Este contrato, enmarcado dentro de una iniciativa de transporte terrestre para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, busca promover el uso de vehículos eléctricos, reduciendo así la huella de carbono y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental de la ciudad.
A primera vista, la elección de incluir 19 camionetas eléctricas dentro del contrato de arrendamiento de 241 vehículos podría considerarse un avance significativo hacía un modelo de transporte más ecológico. La transición a vehículos eléctricos es una tendencia global impulsada por la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar los efectos del cambio climático.
Sin embargo; el enfoque en la protección del medio ambiente parece desvanecerse ante un presunto mal manejo de los recursos públicos. Al revisar el costo de la contratación de estas camionetas, se observa que la inversión supera por mucho el valor de compra de vehículos similares.
Con los mismos recursos, la alcaldía podría haber adquirido aproximadamente 116 camionetas nuevas y de último modelo, lo que habría sido una opción más rentable y sostenible a largo plazo, eso sí, sin contar con los gastos de seguros que tendría que contratar la alcaldía en caso de adquirir los vehículos.
Además, el proceso de contratación ha levantado dudas sobre la transparencia y el cumplimiento de los requisitos financieros de las empresas adjudicatarias. El contrato, dividido en dos lotes y adjudicado mediante subasta inversa, asignó 21.288 millones de pesos a la UNIÓN TEMPORAL MED-ATT, mientras que el lote 2 fue otorgado a una importante empresa del sector que cumplía con el índice de liquidez de 2,34 tal y como lo exigía el pliego de condiciones definitivo.
A toda luces se trata de un gasto exorbitante para el alquiler de 241 camionetas por parte de la Alcaldía de Medellín, mientras tanto, miles de medellinenses siguen enfrentando desafíos diarios con el transporte público y los elevados impuestos locales. Esta situación subraya la necesidad urgente de priorizar no solo la sostenibilidad ambiental, sino también la eficiencia y transparencia en el uso de los fondos públicos.
Por: Jeisson Fonseca – Unidad Investigativa de Nación Paisa.
