La ANDI manifestó su preocupación por el proyecto de decreto que modifica las tarifas de retención en la fuente, ampliando los sujetos de retención a los autorretenedores.

La organización aseguró que el proyecto de decreto es “inconveniente y no tiene justificación técnica”, y su eventual emisión podría conducir a una sobreestimación de los ingresos fiscales de este año.

La ANDI recordó que, según las estimaciones de la DIAN, el proyecto de decreto recauda, por adelantado, al menos $7,8 billones del impuesto sobre la renta del año 2025. No obstante, este aumento de la retención no se justifica técnicamente por una modificación de las normas tributarias.

“Esta situación ya ocurrió con el Decreto 261 de 2023, cuando se aumentaron significativamente las tarifas de autorretención, más allá de la capacidad real que tiene el sector productivo de generar impuestos. Como consecuencia, se presentó una disminución en el recaudo tributario neto del año 2024, pues las empresas arrojaron saldos a favor, solicitaron la devolución y pagaron sus obligaciones con Títulos de Devolución de Impuestos (TIDIS)”, destacó la ANDI a través de una carta enviada al ministro de Hacienda.

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El decreto plantea un nuevo aumento de las tarifas de autorretención especial del impuesto de renta para más de 270 actividades económicas de los sectores manufacturero, agropecuario, construcción, extractivo, servicios, comercio, financiero, entre otros.

La organización gremial alertó que si se elevan las tarifas de retención más allá del impuesto a cargo, el resultado sería obtener un menor recaudo tributario neto en el futuro.

En atención a esta situación, la ANDI realizó un llamado a no repetir errores del pasado, a guardar prudencia en la estimación de los ingresos públicos y a cuidar el capital de trabajo de las empresas.

“Por todo lo anterior, consideramos inconveniente la emisión de este decreto y sugerimos, mejor, llevar a cabo una disminución de las tarifas de retención para las empresas que sea consecuente con su rendimiento financiero real, para proteger el capital de trabajo y reducir los costos administrativos que implican las devoluciones, tanto para la DIAN como para los contribuyentes”, concluyó la ANDI.

(Colprensa)