En un aparente conflicto de interés, se propone la creación de sociedades de economía mixta sin contar con los estudios de viabilidad requeridos por el artículo 69 de la Ley 489 de 1998. Esto busca justificar la creación de dichas sociedades sin cumplir los requisitos legales ni estudios previos, con acciones que, presuntamente, pretenden incrementar los impuestos mediante el cobro en la factura de servicio de energía eléctrica.

«En efecto, por medio del artículo 28 del Plan de Desarrollo Municipal se dio autorización al señor alcalde para constituir una sociedad de economía mixta, a la cual se le entregará el servicio de alumbrado público municipal. Lo malo es que lo hicieron de manera irregular, y es por esta razón que advertimos del incremento indiscriminado en el recibo de la luz. Es decir, la ciudadanía va a tener que pagar más caro, y en segundo lugar, esta es una propuesta que nace de manera irregular, toda vez que su base jurídica no cumple con los requisitos de ley», aseguró el demandante Hernán Garrido, veedor del sector energético en Colombia.

«Se inventaron un acuerdo espurio, con el número 017 de 2024, en el que el Concejo le dio nuevamente facultades al Alcalde de Sogamoso para constituir una sociedad de economía mixta, a la cual se le entregará el servicio de alumbrado público. Pero nuevamente, sin contar con estudios de viabilidad. De igual manera, tampoco se define cuáles serán los aportes del municipio o la duración de dicha sociedad, lo que podría constituirse en un delito de tipo penal de llegar a materializarse», concluyó Garrido.

Es importante anotar que este tipo de vicios ya han llevado a la anulación de acuerdos que autorizan la creación de entidades descentralizadas, tal como ocurrió con la Empresa Distrital de Transporte La Rolita en Bogotá. En un reciente fallo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el artículo del Plan de Desarrollo Distrital de Bogotá 2020-2024 precisamente por falta de estudios demostrativos. Estas acciones representan un retroceso y un desgaste para la ciudadanía, quien es la principal afectada por decisiones administrativas inapropiadas.

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Caricatura por: Norberto Patarroyo