La Asociación Nacional de Alumbrado Público- ANAP advirtió a la ciudadanía sobre el proyecto de decreto que se adiciona al 1073 de 2015, único reglamentario al sector de minas y energía y en el cual se establecen políticas y lineamientos para la eficiencia tarifaria del sector energético, según lo estipulado por el Ministerio de Minas y Energía.
Esta decisión podría poner en riesgo el alumbrado público ya que la reducción tarifaria hace referencia realmente es al no cobro del servicio de alumbrado público.
Siendo la ANAP una asociación de naturaleza mixta con participación pública, privada y de empresas de Tecnologia que representa desde hace más de 25 años los procesos de innovación en los sistemas de alumbrada público en Colombia, tenemos la obligación moral de explicar la fórmula que plantea el Ministerio (Ver adjunto), para disminuir el costo tarifario en el recibo frente al usuario, pero lo que realmente se pretende es dejar de recaudar los recursos que mantienen al alumbrado público de los más de mil municipios del país; poniendo así en riesgo el buen estado de la infraestructura eléctrica, tal como sucedió en el hermano país de Venezuela.
“Una ciudad apagada es aterradora y amenazante, el Gobierno Nacional ha publicado en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía un proyecto de decreto que actualmente se encuentra en etapa de consulta y que prácticamente dejaría sin fuente de recursos el funcionamiento del servicio de alumbrado público en todo el territorio nacional.
Cabe decir que según la ANAP, no existió estudio previo, como tampoco un análisis adecuado, ni se tiene una justificación mínima, lo que pone en riesgo la prestación del servicio de alumbrado público en colombiana. Estos anuncios son improvisados pareciera que buscan la aprobación de la ciudadanía, desde una óptica populista que al final terminará afectando sin duda a todos los colombianos”, aseguró Armando Gutiérrez, Director Ejecutivo de la ANAP.
“Será un falso ahorro para el ciudadano, creará un problema aterrador para la ciudadanía y un lio gravísimo para los municipios y distritos. Ya hemos visto lo que sucedió en Venezuela con apagones del sistema eléctrico. En este orden de ideas, convocamos a las empresas del sector energético, entidades de la sociedad civil y sector público territorial, para hacer seguimiento a esta problemática anunciada”, añadió Gutiérrez.
Finalmente, es de indicar que de llegar a aprobarse el decreto, este será demandado ante las autoridades pertinentes por considerar que no cumple con los requisitos de ley.
