Al joven abogado defensor de la UNGRD, Andrés Cárdenas Bonilla, se le vio muy activo en sus redes sociales achacando responsabilidades que, según un video difundido en redes sociales, eran de él. Lo preocupante en nuestra opinión es que mientras estos abogados primerizos ejercen el derecho en defensa de los intereses de todos los ciudadanos, los recursos de los colombianos que con mucho esfuerzo pagan impuestos, se ven diluidos en corrupción y politiquería.

Como se sabe, intentaron sobornar a los testigos clave del sonado escándalo de los carrotanques, ese hecho tiene tras las rejas a varias personas que incluso, aceptaron su responsabilidad y firmaron un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación. Las pruebas eran tan contundentes que el único camino que les quedó fue aceptar su error.

Precisamente, uno de esos contratos con los que al parecer pretendían sobornar testigos, no se ha podido llevar a cabo, en cabeza del polémico exconcejal de Bogotá Carlos Carrillo, hoy director de la UNGRD, quien ha sido señalado de ser un politiquero y tener agenda propia con miras a las próximas elecciones.

Pues bien, aún teniendo todas las pruebas de que con ese contrato se iba pagar el soborno de testigos, no han querido liquidarlo, supuestamente porque se necesita de un proceso penal para hacerlo. La pregunta es, si tres personas firmaron un principio de oportunidad y dijeron que con ese contrato iban a pagar la corrupción, ¿eso no es motivo suficiente para cancelarlo?

Habrá que preguntarle al joven y al parecer principiante abogado de la UNGRD si se requiere ir al contencioso administrativo para liquidar ese contrato. Por ahora, siguen dando la vuelta al mundo sus aparentes metidas de pata en redes sociales, donde por no saber citar en debida forma, nos podría tener a todos los colombianos pagando millonarios contratos frutos de la corrupción.

¿Abogados o Youtubers?

Los abogados no deberían ser youtubers cuando su presencia en redes sociales interfiere con la ética profesional, la objetividad en los casos que representan, o la percepción de imparcialidad y profesionalismo ante la sociedad.

La profesión jurídica exige confidencialidad, discreción y respeto por el debido proceso. Utilizar plataformas como YouTube para emitir juicios, opiniones o revelar información sobre casos en curso puede comprometer la ética profesional y violar códigos de conducta.

Los abogados que buscan protagonismo en redes sociales pueden ser percibidos como menos serios o comprometidos con su rol. Esto puede disminuir la confianza de sus clientes y del público en su capacidad para manejar casos con objetividad.

En plataformas masivas, los abogados pueden simplificar o tergiversar conceptos legales para captar la atención de sus audiencias. Esto puede llevar a la difusión de información errónea sobre leyes y procesos judiciales.

Buscar visibilidad en redes sociales puede generar conflictos de interés si se utiliza un caso para ganar popularidad en lugar de enfocarse en resolverlo de manera justa y eficiente.

Además, los abogados que comparten opiniones o estrategias legales públicamente se exponen a críticas, amenazas e incluso ataques personales, lo que puede poner en peligro su integridad física o profesional.

Mantener una presencia activa en plataformas como YouTube requiere tiempo y esfuerzo que puede desviar la atención de su trabajo principal. Esto puede afectar negativamente el desempeño en los casos que manejan.

Si bien no es negativo que los abogados utilicen redes sociales para educar o compartir conocimientos jurídicos, es crucial que lo hagan con prudencia, respetando los límites éticos y profesionales. Las plataformas digitales no deben convertirse en un escenario para buscar protagonismo a costa de la integridad de la profesión.

La versión de Andrés Cárdenas Bonilla

Aunque el juez dejó claro que el aplazamiento de la audiencia se debió a que no se convocó adecuadamente a otros implicados en el escándalo de corrupción relacionado con el contrato de plantas desalinizadoras, el abogado de la UNGRD, Andrés Cárdenas Bonilla, ofreció su versión de los hechos en la Revista Semana.

Cárdenas afirmó que la decisión del juez se basó en una confusión, asegurando que el mismo juez se disculpó por el incidente, aunque esto no se evidencia en el video. Como respaldo, presentó el acta de la diligencia que, según él, confirma el error en las citaciones.

En el documento, se especifica que:

“La representación del Ministerio Público y la Fiscalía ponen de presente que a esta diligencia también debieron ser convocados otros imputados y sus defensores, precisando la segunda que, conforme a lo que se discutirá, tienen derecho a participar en el acto Luis Carlos Barreto Gantiva, quien está detenido en el COBOG y es defendido por Allan Raúl Jiménez, y Edgar Riveros Rey, quien es defendido por Javier Olivera Villanueva; y el primero que, en su concepto, también debe ser convocado Pedro Rodríguez Melo, detenido en el COBOG y defendido por José Alfredo Jaramillo Matiz, quien si bien no fue imputado por los hechos que serán abordados en la solicitud de la UNGRD puede reclamar, por su condición de privado de libertad en torno al caso matriz, que se cumpla con la garantía de convocatoria a las audiencias de su caso”.

Además, el documento aclara:

“El juzgado, atendiendo a esa información y a que el solicitante no incluyó a esas personas en la convocatoria inicial, corrobora que el Centro de Servicios Judiciales no citó a dichos defensores ni requirió las remisiones de los procesados detenidos adicionales. Se hace constar que esto no se debe a un error del solicitante ni del Centro de Servicios, sino a ausencia de información suficiente sobre esa particular necesidad”.

De esta forma, Cárdenas Bonilla subrayó que la responsabilidad no recae en su actuación, sino en la falta de información suministrada inicialmente al juzgado.