La reforma al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), impulsada por el Gobierno, plantea una apuesta por la justicia restaurativa y terapéutica como ejes para prevenir la reincidencia delictiva entre los jóvenes en conflicto con la ley.

La iniciativa, radicada esta semana en el Congreso por el Ministerio de Justicia y la Judicatura con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), introduce 101 artículos que reorganizan el sistema, crea reglas claras para investigar, sancionar e intervenir, y prioriza la reparación del daño y la reintegración social de los adolescentes.

El SRPA fue creado con el Código de Infancia y Adolescencia en 2006 como una respuesta especializada y pedagógica frente a los delitos cometidos por menores de 18 años.

A lo largo de casi dos décadas, el SRPA ha representado un avance en materia de justicia juvenil, pero también ha evidenciado limitaciones operativas, vacíos normativos y dificultades para atender adecuadamente las particularidades de esta población.

LA REFORMA QUE PROPONE EL GOBIERNO

El proyecto de ley No. 416 propone una transformación estructural del SRPA. Uno de los cambios clave es la inclusión de la justicia restaurativa como mecanismo central, con procesos que involucren activamente a las víctimas, las familias y las comunidades, para que el adolescente reconozca su responsabilidad y repare el daño causado.

La iniciativa también contempla la justicia terapéutica, dirigida a adolescentes con necesidades específicas, como el consumo problemático de sustancias. Mediante programas de intervención, seguimiento judicial y acompañamiento psicosocial, se busca atender las causas que originaron su conducta delictiva.

“La necesidad de esta reforma surge a partir de las limitaciones identificadas por el Sistema, limitaciones que no solamente impedían generar una estructura coherente con la aplicación de esta ley, sino que, sobre todo, entregaban una respuesta inadecuada a los jóvenes que estaban dentro del mismo”, explicó la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago.

Así las cosas, el nuevo proyecto de ley busca reforzar el carácter pedagógico y restaurativo del sistema, creando un modelo diferenciado que responda tanto a las necesidades de los jóvenes como a los derechos de las víctimas.

“Apostamos por una justicia restaurativa, que ponga en el centro a las víctimas, que invite al joven a reconocer su responsabilidad —más allá de una simple confesión procesal— y que permita restablecer el tejido social que se ha visto afectado por la conducta delictiva”, señaló el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo.

La reforma introduce normas específicas para las etapas de investigación, juzgamiento y ejecución de las sanciones, así como principios enfocados en la inclusión social, la protección integral y la reducción de la reincidencia.

LAS CIFRAS

Según ICBF, la tasa de reincidencia en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) es del 19,9%. Esto significa que aproximadamente uno de cada cinco adolescentes que ingresa al sistema vuelve a cometer un delito.

Esta cifra, tomada de reportes oficiales hasta 2022, continúa siendo una referencia en estrategias como GIRA (Gestión para la Identificación de Riesgos y Oportunidades), lanzada en alianza con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Hasta abril de 2022, el ICBF reportó cerca de 8.400 adolescentes vinculados al SRPA en Colombia. De estos, aproximadamente 3.341 estaban privados de la libertad, mientras que el resto cumplía medidas no privativas, como libertad asistida o servicios comunitarios.

Aunque no hay cifras oficiales más recientes, la tendencia histórica muestra que el número de adolescentes en el sistema fluctúa entre 7.000 y 9.000 al año, dependiendo de las capturas y las políticas de prevención vigentes.

En cuanto a los perfiles de los adolescentes vinculados al sistema, la mayoría tiene entre 16 y 18 años, siendo este el rango de edad con mayor incidencia en delitos, según datos del Concejo de Bogotá y el ICBF.

La participación masculina es significativamente mayor: hasta 2019 se registraron 221.713 hombres frente a 29.744 mujeres, lo que refleja una proporción de 10 a 1.

Muchos de estos jóvenes provienen de entornos de pobreza o vulnerabilidad. Factores como el bajo nivel de escolaridad, el consumo de sustancias psicoactivas, la disfunción familiar y la exposición a la violencia son comunes, de acuerdo con el ICBF y la herramienta GIRA.

En cuanto a los delitos más frecuentes, se destacan el hurto (20,8% en regiones como Valle del Cauca), el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (25,4%) y el porte ilegal de armas (25,8%). Los delitos sexuales, como el acto sexual con menor de 14 años o el acceso carnal abusivo, representan cerca del 5% en ciudades como Bogotá.

La capital tiene el mayor número de aprehensiones de menores. En 2021, la Defensoría del Pueblo reportó 7.754 adolescentes vinculados al SRPA a nivel nacional, con la capital destacando por su volumen poblacional y problemáticas urbanas.

En Cali se concentra el 48,5% de las aprehensiones del Valle del Cauca, con una tasa de 31 por cada 10.000 adolescentes, superando la media nacional de 22. Municipios como Sevilla (68 por 10.000) y Tuluá (55 por 10.000) también presentan cifras elevadas.

En materia de infraestructura, la Defensoría del Pueblo alertó en 2023 sobre el incumplimiento de estándares internacionales en algunos centros del SRPA. Problemas como hacinamiento, ausencia de programas educativos —el 37,5 % de los centros no ofrece variedad— y acceso limitado a formación técnica o superior —disponible solo en el 25% de los casos—, afectan la calidad de la intervención estatal.

”ES EL CAMINO CORRECTO”

Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, considera que la propuesta de justicia restaurativa del Gobierno «sin duda es el camino correcto», ya que presenta soluciones efectivas frente a una problemática compleja y que son las mismas que se utilizan actualmente en todo el mundo.

Según Bernate, para que la justicia restaurativa logre reducir la reincidencia juvenil es indispensable la participación activa del joven infractor en la solución del conflicto y una efectiva reparación a las víctimas.

“La forma de medir esta efectividad es determinar si las víctimas han sido reparadas con la activa participación del infractor”, explicó a Colprensa.

En cuanto a los delitos más frecuentes entre los adolescentes vinculados al SRPA, Bernate señaló que, en su experiencia, predominan las lesiones personales, el porte de estupefacientes y los delitos patrimoniales.

Sobre las falencias del sistema actual, el jurista advirtió que “precisamente la inexistencia de salidas rápidas y que tengan en cuenta los intereses de todos” es una de las principales fallas del SRPA, lo que refuerza la necesidad de implementar una justicia restaurativa.

Además, identificó múltiples factores que inciden en la reincidencia, como el entorno social, la falta de acompañamiento institucional y el tipo de sanción, pero añadió que “las tres, más la ineficiencia de la justicia”, influyen de manera conjunta en este fenómeno.

Por su parte, Alexandra Correa, periodista de Deutsche Welle (DW) y defensora de los derechos de la niñez, destacó la importancia del proyecto de ley para “reforzar, redoblar, capacitar y recordarle siempre al funcionario judicial la obligatoriedad de aplicar sin excepción el principio pro infans”, que establece el enfoque diferencial como ineludible para niños, niñas y adolescentes, quienes gozan de protección especial constitucional.

Correa enfatizó que este principio debe prevalecer “por su derecho superior, así haya cometido un delito”. También recalcó que “cada caso debe ser analizado sin estigmatizaciones, con enfoque de género y sin prejuicios personales de los funcionarios”, con el fin de otorgar mayores garantías a los niños, niñas y adolescentes en su tránsito por la justicia.

Ambos expertos coinciden en que su éxito dependerá de factores como la capacitación de los funcionarios judiciales, la inversión en programas de rehabilitación y un enfoque integral en la atención de los jóvenes.

Por: Dido Polo Monterrosa – Colprensa