En un comunicado de prensa y en medios de comunicación, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís, se refirió a la preocupante situación que viven habitantes de diferentes municipios de Norte de Santander.
En los últimos días se han conocido graves denuncias de que grupos al margen de la ley han estado llevándose a sus hijos, de quienes no saben su paradero.
Siendo esta una problemática que, según el funcionario, va en crecimiento. Por tal motivo, Camargo hizo un llamado a las autoridades y el Gobierno Nacional para que actúe lo más pronto posible frente a esta problemática.
De esta manera, la Defensoría del Pueblo elevó un llamado urgente para que se tomen medidas con el fin de garantizar la seguridad de los niños y las niñas, no solo de esta región sino de todo el país.
Cruda realidad
Y es que según Camargo están expuestos a ser reclutados y utilizados por grupos delictivos organizados o armados, que operan en esa región del norte del país, en donde se viene presentando este fenómeno que infringe los derechos de los menores de edad.
La entidad, luego de evaluar las denuncias y corroborarlas con un equipo técnico especializado de investigación, recolectó información contundente que los ha llevado a emitir una alerta para la zona urbana y rural de Cúcuta.
Y también en los municipios de El Zulia, Puerto Santander, Villa del Rosario y Tibú, en Norte de Santander.
Por lo tanto pidió al Gobierno Departamental como Nacional que se geste de inmediato una estrategia y plan de contingencia militar como educativa, .
Todo para «acelerar la construcción de planes de prevención temprana, y de protección, ante el inminente riesgo de reclutamiento, uso y utilización del que pueden ser víctimas las niñas, niños y adolescentes», expresó Camargo.
El Defensor del Pueblo recordó que es responsabilidad de Estado impedir el reclutamiento y utilización de los menores de edad en el conflicto armado en el marco del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Con finalidad de despertar interés en la comunidad internacional para que presionen al Ejecutivo, ya que según el funcionario “están tardando para actuar y hay negligencia estatal contra este hecho que debería ser contrarrestado de inmediato».
