En un nuevo pronunciamiento, el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, lanzó duros cuestionamientos al ministro de Justicia, Wilson Ruiz, al que llamó al respeto y al acatamiento de las órdenes judiciales, con ocasión del caso que involucra al exalcalde de Magangué (Bolívar), Jorge Luis Alfonso López.
«En Colombia, el nuevo deporte nacional parece ser el irrespeto y desacato de las decisiones judiciales por parte de algunos altos servidores públicos integrantes del Ejecutivo, a cuyo extravagante torneo concurre ahora el propio señor Ministro de Justicia, Wilson Ruiz», indicó Bustos.
De acuerdo con el veedor, Ruiz «quien en lugar de dar ejemplo, denosta y e intimida al juez de ejecución de penas que dispuso el traslado a prisión domiciliaria del exalcalde Jorge Luis Alfonso López».
El mencionado político registra, según Bustos, un grave estado de salud, «medicamente conceptuado, dado que el según el juez evidencio que el centro penitenciario donde se hallaba recluido no le podría brindar el cubrimiento medico que demanda sus múltiples patologías».
Autoridades públicas como @MinjusticiaCo – ministro de Justicia Wilson Ruiz están llamadas a dar ejemplo de respeto por decisiones judiciales, en lugar de socavar su autonomía e independencia como caso de detención domiciliaria concedida a exalcalde Jorge Luis Alfonso López pic.twitter.com/RxczImHCYr
— RED DE VEEDURIAS DE COL -Pablo Bustos Sánchez (@redveeduriascol) October 20, 2021
En su concepto, Ruiz debió acudir a los recursos de ley que son el mecanismo expedito para controvertir válidamente las decisiones judiciales, y no las intimidaciones extraprocesales como consideran se han dado en este proceso, que involucra al hijo de la excongresista Emilse López, alias ‘La Gata’, condenada por parapolítica.
«El rechazo del ministro de Justicia a tal medida, por fuera del trámite procesal y de los recursos que le son propios desdice de su condición como jurista y parece como si en el país existieran los delitos de sangre, y que le incomodara la aplicación y respeto de los derechos humanos fundamentales consagrados para los internos», dijo Bustos.
«Una cosa es discrepar de las ordenes judiciales, y otra señalarlos de corruptos o bandidos a los jueces, como parece traslucirse en la formulación de quejas disciplinarias en su contra, cuando en Estado cuenta con las oportunidades y recursos legales para controvertir o discrepar judicialmente tal decisión», puntualizó.
