La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia tomó este lunes una trascendental decisión en el caso del elegido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, quien quedó cobijado con la medida de libertad provisional, según se conoció en las últimas horas.
De acuerdo con la ponencia de la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila, Gaviria Correa recibió el beneficio debido a que se produjo vencimiento de términos en el proceso que se le investiga por presuntas irregulares en procesos de contratación.
«Se resuelve conceder la libertad provisional al doctor Aníbal Gaviria Correa, para cuyos efectos se tendrá en cuenta la caución que prestó cuando la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia le concedió la detención domiciliaria», dijo la togada.
Y es que según la Corte, «han pasado más de los seis meses que establecer el numeral quinto del artículo 365 de la Ley 600 de 2000 sin que se haya podido celebrar la audiencia pública por vicisitudes propias de la dinámica procesal, las cuales están ajenas a maniobras dilatorias de la defensa o del procesado».
«Segundo: precisar que contra esta providencia proceden los recursos de reposición y apelación, en los términos de los artículos 189 y 191 del citado ordenamiento adjetivo», agregó la magistrada.
El caso que tenía en prisión al mandatario seccional desde marzo pasado está relacionado con los contratos firmados por Gaviria para las obras de mantenimiento y pavimentación de la Troncal de la Paz, de la que ha sido señalado de presuntos hechos de corrupción.
Al igual que la construcción de un puente complementario en el municipio de El Bagre, en ambas obras cuando el político ostentó el primer cargo del departamento, entre 2004 y 2007.
Entre las pruebas que tenía la Fiscalía en su contra se destaca el contrato del tramo La Cruzada – Caucasia, por un valor de $41.663 millones, al que se le habrían hecho modificaciones sin tener en cuenta los requisitos de planeación y transparencia.
El caso estaba vigente desde el 5 de junio de 2020, cuando le fue dictada medida de aseguramiento al gobernador. Posteriormente, el 16 de octubre de 2020, al estudiar un recurso de habeas corpus, el Tribunal Superior de Medellín le otorgó la libertad. Pero en marzo de este año volvió a ordenar su detención preventiva, por petición de la Fiscalía.