La Alcaldía de Medellín logró en 2020, en el primer año de la administración de Daniel Quintero Calle, el mejor índice anticorrupción entre las ciudades capitales de Colombia, medición del Observatorio Anticorrupción y Transparencia de la Secretaría de Transparencia de la Vicepresidencia de la República.
Las cifras alcanzadas por la Administración Municipal, según se publicó, la sitúan con 88,06% por encima del promedio nacional, que es de 65,61 %.
Además, la capital antioqueña aparece con mejores indicadores anticorrupción que Bogotá, que obtuvo un porcentaje de 85,79%; Cali, que logró un 76,48%, y Barranquilla, que aparece con 76,06%.
«Esto obedece a una estrategia que desde esta administración hemos denominado Medellín Cuida lo Público, que visita cada comuna y corregimiento, la política de compras públicas innovadoras, sostenibles y socialmente responsables», dijo la secretaria de Suministros y Servicios, Karen Delgado.
«Y en general lo que todas las dependencias han adelantado, ha permitido que Medellín se encuentre en el primer lugar entre las ciudades capitales», agregó la funcionaria sobre el particular.
El Índice Nacional Anticorrupción (INAC) es un instrumento que busca analizar las capacidades institucionales de las entidades públicas en la lucha contra la corrupción. Esto le permite a la opinión pública conocer cuáles son sus fortalezas y sus debilidades.
También facilita que se les entregue desde el Gobierno Nacional recomendaciones de política pública a las entidades territoriales y se les brinde acompañamiento para la mejora de su agenda anticorrupción.
«El INAC no es un formulario para diligenciar, ni una medición de percepción. Es un índice de índices que se basa en datos objetivos y oficiales. En línea con otras mediciones sobre corrupción está compuesto por dimensiones, componentes y variables que se describen», se establece en el informe anual del INAC 2019.
El índice anticorrupción mide dos dimensiones: Transparencia y Estado Abierto e Integridad Institucional, las cuales tienen como componentes el acceso a la información que permiten los entes territoriales y la rendición de cuentas. Además, presupuesto, contratación e integridad anticorrupción.