El Estado no habría percibido la totalidad de la contraprestación por las aéreas concesionadas, ocasionándose una afectación patrimonial por USD$5.022.129,86 incluidos los intereses.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exvicepresidente de gestión contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Andrés Figueredo Serpa, y la exgerente de proyectos o funcional de ese organismo, Dina Rafaela Sierra Rochels, por posibles irregularidades en el contrato de concesión portuaria celebrado con el Concesionario Sociedad Puerto Brisa S.A.
De acuerdo con las pruebas recaudadas, en febrero de 2014 los intervinientes en este contrato habrían advertido un error en el cálculo inicial de la contraprestación pactada a favor del Estado y como consecuencia de ello, la concesionaria habría dejado de pagar a la Nación USD$5.022,129,86 durante los años de concesión ya ejecutados (2010-2013).
Tras establecer este valor, en enero de 2016 el concesionario solicitó a la ANI un reajuste a esta cifra por un aparente error de cálculo que fue aceptado por la Agencia. No obstante, dicha situación no se habría oficializado a través de un documento que modificara lo pactado en los documentos suscritos en 2014.
El Ministerio Público también busca establecer si se presentaron falencias en las funciones de supervisión e interventoría al no requerir al concesionario respecto del primer pago que este debía realizar en febrero de 2016, en contraprestación por las aéreas concesionadas.
