En las últimas horas, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, emitió un concepto ante la Corte Constitucional en el que solicita declarar la exequibilidad del Decreto Legislativo 062 de 2025, mediante el cual se estableció el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y las localidades de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar.
El pronunciamiento, dirigido a los magistrados de la Corte Constitucional en el marco del expediente RE-361, responde a la revisión de constitucionalidad del decreto firmado por el presidente de la República el pasado 24 de enero. Según Eljach, la medida cumple con los requisitos formales y materiales establecidos en la Constitución Política y la Ley Estatutaria de Estados de Excepción (Ley 137 de 1994), al enfrentar una «grave perturbación del orden público» derivada de la escalada de violencia protagonizada por grupos armados ilegales, principalmente el ELN, desde el 16 de enero de 2025.
🚨#URGENTE | En las últimas horas, el procurador Gregorio Eljach se pronuncia sobre el decreto de conmoción interior en Catatumbo
Solicita a la @CConstitucional declarar la exequibilidad del decreto legislativo 062 de 2025, que decreta el estado de conmoción interior@PGN_COL pic.twitter.com/fMgbOKL80g
— Nación Paisa (@NacionPaisa) March 18, 2025
Grave crisis humanitaria en Catatumbo
El concepto destaca que los hechos en Catatumbo, como el desplazamiento masivo de 54.098 personas hasta febrero, 52 homicidios y el confinamiento de más de 30.908 ciudadanos, evidencian una crisis humanitaria sin precedentes que desborda las capacidades ordinarias de las autoridades.
«La magnitud de la situación exige medidas excepcionales para restablecer la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana», afirmó el procurador Gregorio Eljach.
Entre los argumentos presentados, se subraya la insuficiencia de las herramientas ordinarias de la Fuerza Pública y las entidades territoriales para conjurar la crisis, así como la necesidad de acciones militares, humanitarias y económicas extraordinarias.
Eljach también avaló la restricción limitada a la libertad de circulación, como medida para cortar el financiamiento de los grupos armados ilegales, siempre que respete el núcleo esencial de los derechos fundamentales.
Corte Constitucional deberá tomar una decisión
El procurador solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible el decreto, argumentando que se ajusta a la Constitución y es fundamental para enfrentar las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en la región.
La decisión final está ahora en manos de la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse tras evaluar este concepto y las pruebas presentadas por el Gobierno Nacional.
