La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo trascendental el pasado 9 de marzo de 2025, redefiniendo la política criminal en Colombia respecto al porte de sustancias estupefacientes.

Según la sentencia, las personas adictas que porten drogas exclusivamente para su consumo personal no podrán ser judicializadas, independientemente de la cantidad que lleven consigo.

📜 Un fallo que cambia la interpretación del delito

Este fallo representa un cambio significativo en la interpretación del artículo 376 del Código Penal, ya que el criterio para determinar si hay delito no será la cantidad de droga incautada, sino su destino: consumo personal o comercialización.

💡 Puntos clave de la decisión:
✅ Si se prueba que la droga es para consumo personal, no se considera delito.
✅ Si se establece que el porte tiene fines de narcotráfico o microtráfico, sí será judicializado.
✅ La Fiscalía ya archivaba anualmente cerca de 50.000 casos por porte de estupefacientes sin fines comerciales.
✅ Este nuevo criterio permitirá redirigir los esfuerzos judiciales hacia delitos como homicidios, violencia sexual y crimen organizado.

🔎 La Fiscalía adopta nuevas estrategias

La Fiscalía General de la Nación ha anunciado que, tras este fallo, implementará dos medidas clave:

📌 1. Directrices claras para fiscales: Se instruirá a los fiscales del país sobre los nuevos estándares jurisprudenciales.

📌 2. Revisión de casos activos: Se analizarán los procesos vigentes para determinar si deben ser archivados bajo la nueva jurisprudencia.

💬 “Este es un fallo moderno y racional, alineado con la política criminal de perseguir a los grandes capos del narcotráfico y no a personas vulnerables que no hacen parte del negocio ilegal”, señaló la Fiscalía.

🚨 Impacto del fallo en la política de drogas en Colombia

Este pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia refuerza la línea establecida en el Acto Legislativo 02 de 2009, que indica que el porte de una cantidad de droga compatible exclusivamente con el consumo personal no constituye un delito.

Con esta decisión, se busca descongestionar el sistema judicial, permitiendo que los fiscales concentren sus esfuerzos en delitos de mayor impacto social.