La Defensora del Pueblo, Iris Marín, entregó un informe sobre la situación de seguridad en Colombia y advirtió que más del 70 % del territorio nacional enfrenta la presencia o el dominio de grupos armados ilegales, lo que ha derivado en una crisis humanitaria.
En 2024, se registró una reducción en los asesinatos de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz, pero aumentó el reclutamiento forzado y la expansión de estructuras criminales.
Marín señaló que 809 municipios del país están bajo alerta debido a la presencia de estos grupos y que en al menos once regiones se han reportado desplazamientos y confinamientos masivos. En el Catatumbo, la crisis se ha agravado con el desplazamiento de 55.000 personas en dos semanas, una cifra sin precedentes.
En Chocó, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha intensificado su accionar mediante paros armados en disputa territorial con el Clan del Golfo.
Según la Defensoría, esta organización estaría operando en alianza con las disidencias de las FARC lideradas por alias «Mordisco», lo que ha generado un nuevo escenario de confrontación.
Marín criticó la falta de acciones preventivas frente a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría. En noviembre de 2024, se advirtió sobre la crisis en el Catatumbo sin que se adoptaran medidas efectivas. «No se trata de llenar matrices de Excel, sino de actuar con urgencia», enfatizó en Blu Radio.
Finalmente, instó a las instituciones y al Gobierno a tomar decisiones coordinadas para enfrentar la expansión de estos grupos armados. «Colombia es un país viable, pero debemos unirnos y responder con rapidez», concluyó.
Foto y noticia: Colprensa
