La controversia por la implementación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) sigue escalando en Antioquia. Intergremial Antioquia, que agrupa a 35 gremios, anunció que interpondrá una demanda contra la resolución del Ministerio de Agricultura, argumentando que la medida afectará la competitividad de la región y pondrá en riesgo diversos sectores productivos.
“La gravedad de esta resolución radica en que se afectará la competitividad del departamento y provocará una parálisis en los sectores productivos, generando graves impactos en el tejido empresarial y social del suroeste antioqueño”, advirtió el gremio empresarial.
Según Intergremial, la medida limitaría el crecimiento de actividades económicas clave en la región, lo que podría traducirse en pérdida de empleos y menor inversión.
Proceso judicial en marcha
Este nuevo proceso judicial se suma a la demanda presentada anteriormente por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien ha sido uno de los principales opositores de la resolución.
Desde la administración departamental han insistido en que la creación de las APPA podría generar inseguridad jurídica para los productores y frenar proyectos estratégicos para el desarrollo de la región.
Mientras algunos sectores defienden la medida del Ministerio de Agricultura como una estrategia para garantizar la seguridad alimentaria del país, empresarios y productores en Antioquia advierten que su implementación afectaría la dinámica económica y social de la región, especialmente en el suroeste del departamento.
Con esta nueva demanda, el debate en torno a las APPA continúa y se espera que en los próximos meses haya un pronunciamiento por parte de las autoridades judiciales sobre el futuro de la resolución.
El trasfondo de la resolución
La preocupación radica en que el inicio de este proyecto se haría en 250.000 hectáreas de cultivos agrícolas del suroeste antioqueño. La resolución 377 del 26 de diciembre de 2024 establece que “la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado”.
El Gobierno defiende la medida
El Suroeste Antioqueño fue el escenario de un importante diálogo social con comunidades y autoridades locales sobre la resolución 377 de 2024. Este espacio buscó despejar dudas sobre la protección de la actividad agropecuaria en armonía con el ambiente y el ordenamiento territorial, desvirtuando desinformaciones al respecto.
La exministra de Agricultura, Martha Carvajalino, fue enfática al señalar que el objetivo de la resolución es proteger la producción de alimentos en Colombia. “Esta determinante que ustedes quieren negar no es otra que permitir que las familias campesinas puedan seguir produciendo con seguridad y garantía”, afirmó.
Por su parte, la hasta hace poco ministra de Ambiente, Susana Muhamad, destacó que las APPA son clave para garantizar la conservación de suelos rurales y la seguridad alimentaria. También se refirió al modelo minero energético del país, señalando que “esquemas impuestos sin consulta han generado caos regional”.
La viceministra de Minas, Johana Rocha, mencionó que por primera vez en la historia del país, tres entidades trabajan juntas para una planificación socioambiental de actividades como la minería, buscando resolver contradicciones históricas en el ordenamiento territorial.
Respaldo de las comunidades
Durante el encuentro en Támesis, las comunidades manifestaron su respaldo a la iniciativa del Gobierno con mensajes como: “Planes de vida, sí; minería, no” y “Defendemos los territorios sagrados”.
Además, la exministra Muhamad anunció la próxima publicación de una nueva resolución para la protección del agua en municipios del suroeste antioqueño, destacando la importancia del ordenamiento territorial para garantizar recursos hídricos y alimentarios en el contexto del cambio climático.
El debate sobre la resolución 377 y las APPA sigue abierto, y se espera que las próximas decisiones judiciales definan el rumbo de esta política agraria en la región.
