El Catatumbo, una región del norte de Colombia, se enfrenta a una grave crisis humanitaria. Más de 50.000 personas han sido desplazadas debido a los intensos combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC. Los enfrentamientos comenzaron el 15 de enero y, desde entonces, la violencia no ha dado tregua.

Todo empezó cuando un ataque armado acabó con la vida de tres miembros de una familia que viajaban en un coche fúnebre en el municipio de Tibú. Este hecho desencadenó una ola de enfrentamientos entre el ELN y los disidentes del Frente 33 de las FARC, quienes ya se encontraban en tensión debido a un desacuerdo sobre el control de las rutas del narcotráfico. La situación empeoró cuando el ELN movilizó refuerzos desde Arauca para sumarse a la ofensiva en el nororiente del país.

Según el último reporte de la Gobernación de Norte de Santander, el número de desplazados ha superado las 50.000 personas, con una gran concentración en Cúcuta, donde se encuentran más de 22.000 desplazados. A esta cifra se suman otras 28.549 personas que permanecen confinadas en sus hogares, a causa de los combates.

Un conflicto que deja decenas de muertos

El balance de víctimas es igualmente alarmante. Hasta la fecha, se reportan al menos 41 muertes, entre ellas las de firmantes de paz, líderes sociales y menores de edad. No obstante, algunas fuentes indican que los muertos podrían ser más de cien, aunque los grupos armados han dificultado la recuperación de los cuerpos.

La situación ha generado un fuerte llamado de las autoridades regionales para que el Gobierno Nacional intervenga con recursos extraordinarios. Se espera que parte de estos fondos se destinen a reforzar las acciones de la Fuerza Pública en la región y a financiar programas sociales.

El Departamento Nacional de Planeación ha propuesto una inversión de 6,5 billones de pesos para llevar a cabo diversos proyectos destinados a recuperar la estabilidad social y económica en el Catatumbo.

El Catatumbo atraviesa uno de sus momentos más difíciles, y las autoridades locales y nacionales continúan buscando formas de mitigar las consecuencias de este conflicto que ha desplazado a miles de personas y sumido a la región en una profunda crisis humanitaria.

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